Este lunes 31 de marzo entró en vigor la nueva ley que prohíbe la venta y consumo de comida chatarra dentro y fuera de las escuelas, con el objetivo de mejorar la alimentación de los estudiantes. Sin embargo, el primer día de implementación mostró diversas reacciones entre padres de familia, alumnos y autoridades educativas, quienes señalaron que el cambio no ha sido tan sencillo como se esperaba.
Algunos padres han optado por preparar el desayuno de sus hijos en casa y llevarlo hasta la escuela, ofreciendo opciones como burritos y gorditas caseras. Sin embargo, otros continúan dando dinero a sus hijos, quienes terminan consumiendo productos ultraprocesados disponibles en los alrededores de los planteles. "En la escuela de mi hijo siguen vendiendo papitas y refrescos, parece que no todos están cumpliendo la ley", comentó una madre de familia.
Por otro lado, un director de secundaria entrevistado expresó su apoyo a la medida, pero también advirtió sobre los problemas que genera para las instituciones educativas. Explicó que muchas escuelas, tanto primarias como secundarias, tienen contratos con cooperativas que dependen de la venta de alimentos y que esta nueva regulación las pone en una situación complicada. "Nos pone entre la espada y la pared, porque estamos de acuerdo con la ley, pero también hay compromisos económicos que deben resolverse", mencionó el directivo.
Además, con la prohibición dentro de las escuelas, algunos alumnos han comenzado a traer sus propios productos desde casa, como refrescos, dulces y papitas, lo que ha generado un comercio informal dentro de los planteles.
El reto para las autoridades será garantizar que la ley se cumpla sin afectar la economía de las escuelas ni el bienestar de los estudiantes. Mientras tanto, la comunidad educativa espera soluciones que permitan una transición más equilibrada hacia una alimentación más saludable.