La accesibilidad urbana para personas con discapacidad en México sigue siendo un desafío pendiente. En ciudades como Durango, el entorno público no cumple con los requerimientos básicos de accesibilidad, como banquetas amplias, rampas con las dimensiones correctas y espacios de estacionamiento para personas con discapacidad. En muchos casos, estos elementos son insuficientes o inexistentes, dejando a este grupo en una situación de desventaja y limitando su movilidad y acceso a la vida urbana.
Mientras en otros países, como Estados Unidos con su Americans with Disabilities Act (ADA), el marco legal obliga a que los espacios públicos sean accesibles para personas con discapacidad, México carece de una legislación igualmente estricta y aplicable. Aunque en algunos municipios mexicanos se ha intentado implementar el concepto de "derecho a la ciudad", la realidad es que estas iniciativas han tenido un impacto limitado en términos de accesibilidad urbana. Países como Suecia y Noruega, con hasta un 95% de su infraestructura urbana adaptada, sirven como referencia para una accesibilidad universal que aún parece lejana en México.
Según datos recientes de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 del INEGI, aproximadamente 8.9 millones de mexicanos, el 6.8% de la población, viven con alguna discapacidad. Sin embargo, no todos estos ciudadanos cuentan con accesos y condiciones adecuadas en espacios públicos, y mucho menos con el apoyo de políticas que prioricen su movilidad.
El problema no solo radica en la infraestructura, sino en una visión política que, hasta ahora, ha privilegiado el flujo vehicular sobre las necesidades de los peatones, incluyendo aquellos con discapacidades. La adaptación de espacios públicos y la implementación de señalización inclusiva deberían ser puntos centrales en la agenda política local. Sin embargo, estos temas parecen estar relegados en las prioridades de los políticos, lo cual plantea un desafío para lograr un ambiente urbano accesible e inclusivo en Durango.