El inicio de las deportaciones masivas por parte del gobierno de Donald Trump ha puesto en aprietos a México. Según el diputado local Fernando Rocha Amaro, del PAN, estas acciones eran predecibles, ya que Trump, en su último periodo presidencial, buscaba consolidar decisiones radicales para fortalecer su agenda.
Rocha Amaro señaló que la reacción del gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha sido tardía y carente de una planeación estratégica. Una de las medidas anunciadas es otorgar 2,000 pesos por persona deportada, pero el diputado cuestiona la viabilidad de esta propuesta, considerando que México enfrenta altos niveles de deuda externa.
"El país ya ha recurrido a préstamos que han incrementado la deuda en billones de dólares. Ahora, ¿de dónde saldrá el dinero para financiar este apoyo? Esto es una solución al vapor", advirtió Rocha Amaro.
Las deportaciones no solo generan un desafío económico, sino también social, ya que miles de deportados llegan a comunidades que carecen de infraestructura y programas de reintegración. Además, la ausencia de una política migratoria integral agrava la situación, dejando a los estados con una carga desproporcionada en la atención de los migrantes.
El legislador insistió en que el gobierno federal debe priorizar una estrategia sostenible que considere tanto los aspectos económicos como sociales de la crisis migratoria. En su opinión, las actuales medidas son paliativos que no resuelven de fondo el problema, sino que lo postergan y complican. En cuanto a la medida de considerar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, afirma que se tiene que estudiar la forma en que se pretende actuar, pues las implicaciones pueden ser muchas.
Mientras tanto, las deportaciones continúan, y el impacto en las comunidades receptoras aumenta. Sin un cambio en la dirección de las políticas públicas, México enfrentará dificultades crecientes para atender la crisis derivada de estas decisiones de la administración Trump.