En horas matutinas, nos topamos con un joven que responde al nombre de "Pablo". Es común avistarle deambulando por el corazón de la ciudad, el primer cuadro. Según las declaraciones del propio menor, su realidad es la de un niño que vive en situación de calle, desprovisto de lazos familiares en Durango.
De acuerdo con las palabras de "Pablo", en el transcurso de los últimos tres meses, las autoridades no han manifestado ningún interés en acercarse a él para brindarle el apoyo necesario. Esta atención institucional plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos existentes para identificar y ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, como el caso de "Pablo".
El testimonio de este joven revela un panorama más amplio de desafíos en la atención a personas en situación de calle. Hace mención de un adulto mayor, también en situación de calle, que falleció el viernes pasado. Según "Pablo", el anciano ya padecía problemas de salud, incluyendo hipertensión. Este trágico diseño resalta la urgencia de implementar estrategias más efectivas para abordar las necesidades de las personas en el hogar, especialmente aquellas que enfrentan problemas de salud significativos.
La cuestión sobre por qué estas personas no buscan ayuda con las autoridades adquiere relevancia. En el caso de "Pablo", la respuesta es reveladora: su familia se vio afectada por la intervención de las autoridades estatales. Este testimonio subraya la necesidad de evaluar críticamente las prácticas y políticas actuales para asegurar que, al buscar soluciones, no se generen consecuencias negativas para los seres queridos de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
La disparidad entre la afirmación del DIF, que ha declarado en múltiples ocasiones la inexistencia de niños en situación de calle, y la realidad evidenciada por la experiencia de "Pablo", pone de manifiesto la complejidad de abordar de manera integral y efectiva la problemática de las personas en situación de calle. Este contraste subraya la importancia de una evaluación continua de las políticas y prácticas existentes, con el objetivo de adaptarse a las necesidades cambiantes de la comunidad.