No aprueban cuenta pública de Aispuro.
El Estado de Durango se encuentra en el epicentro de una crisis financiera. La cuenta pública correspondiente a los últimos ocho meses y medio de la gestión del gobernador José Rosas Aispuro Torres ha sido sometida a un escrutinio implacable, y los resultados son los esperados. Inconsistencias que ascienden a la asombrosa cifra de 2,793 millones de pesos han dejado sin margen de maniobra a los legisladores y han desencadenado un conflicto que amenaza con sumir al estado en una profunda crisis de confianza y legitimidad.
La Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Sandra Lilia Amaya, lo expresó con claridad ante la prensa: la cuenta pública no pasó el escrutinio. Esas inconsistencias financieras, que abarcan una magnitud que casi se escapa de la comprensión, no pueden ser ignoradas. Este es un asunto que va más allá de las diferencias partidistas y se refiere al núcleo mismo de la integridad y transparencia en la gestión gubernamental.
El Diputado priista, Luis Enrique Benítez Ojeda, ha sido enfático en su postura: la cuenta pública no pasa y, por lo tanto, se votará en consecuencia. Este pronunciamiento, lejos de ser un mero punto de vista partidista, se alza como una clara llamada a la acción. No se trata solo de un problema financiero; es una cuestión de responsabilidad, rendición de cuentas y, en última instancia, de servir a los intereses de la ciudadanía.
La lucha contra la corrupción y la ineficiencia administrativa en el sector público es una tarea ardua y constante. El escrutinio de las cuentas públicas es una parte esencial de este proceso. La confianza de los ciudadanos en sus funcionarios electos depende de la capacidad de los legisladores para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y en beneficio de la sociedad. Cuando surgen inconsistencias financieras de esta magnitud, se plantea una grave amenaza para esa confianza.
El Congreso de Durango se enfrenta ahora a una decisión trascendental. ¿Votarán a favor de la aprobación de una cuenta pública que, a todas luces, presenta problemas significativos? ¿O se mantendrán firmes en su compromiso de garantizar que el gobierno rinda cuentas? Las implicaciones de esta decisión no pueden subestimarse. Determinará no solo la dirección futura de la administración de Aispuro Torres, sino también el rumbo de Durango y la fe de sus ciudadanos en sus instituciones públicas.