En Durango, hace una semana se llevó a cabo el operativo denominado "Limpieza 2025", en el que se incautaron tres millones de productos de procedencia china con un valor estimado de 350 millones de pesos. Este operativo resultó en la clausura de tres negocios y la detención de seis personas. Sin embargo, más allá de los decomisos y sanciones, el impacto laboral ha sido significativo, ya que cerca de 80 empleados de estos establecimientos perdieron su fuente de ingresos, lo que afecta directamente a muchas familias que dependían económicamente de estos trabajos.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STYPS) ha señalado que, debido a la naturaleza del caso, es necesario esperar a que se resuelva la situación legal relacionada con el operativo antes de iniciar una investigación laboral. Esto ha generado incertidumbre entre los extrabajadores, quienes no tienen garantía de recibir alguna indemnización o apoyo económico. Las autoridades reconocen que esta espera representa una desventaja para los afectados, quienes enfrentan dificultades económicas sin una solución clara en el horizonte.
La STYPS ha invitado a los extrabajadores a acercarse a sus oficinas para recibir asesoría personalizada. Según la secretaria del trabajo, es importante que cada caso sea revisado de manera individual para ofrecer orientación adecuada y evaluar posibles acciones a seguir en términos laborales. A pesar de esta disposición, la incertidumbre persiste entre los afectados, ya que el desenlace de este caso depende de factores legales que aún no han sido definidos.
El operativo "Limpieza 2025" ha tenido consecuencias económicas y sociales relevantes en la comunidad. Además de la pérdida de empleos, se pone en evidencia la complejidad de estos casos, en los que los intereses legales y económicos se entrelazan, dejando a muchas personas en una posición vulnerable. Las autoridades hacen un llamado a los extrabajadores para que busquen asesoría formal y confíen en los procesos institucionales que buscan garantizar sus derechos laborales. Sin embargo, el panorama sigue siendo incierto, y las soluciones dependerán del desarrollo legal de este caso y de las gestiones realizadas por los extrabajadores y sus representantes.