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24 de Noviembre del 2024

DD. HH.

Pago de Pensión Alimenticia. La gran deuda parental.

Por: César Alberto Arreola Alvarado
Durango
01-02-2024

En un esfuerzo por combatir la violencia económica y proteger a las víctimas colaterales de las separaciones, el Senado de la República ha dado un paso decisivo con la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Esta medida responde a una realidad alarmante en México: según datos del INEGI, 7 de cada 10 padres no cumplen con su obligación de manutención tras un divorcio, dejando a sus hijos en una situación de vulnerabilidad económica.


La iniciativa busca asegurar que la responsabilidad de la manutención no recaiga injustamente sobre uno solo de los progenitores. La carga económica, destinada al bienestar de los hijos, debe ser una responsabilidad compartida, y el incumplimiento de esta obligación se abordará con seriedad a través del nuevo registro.


El Diputado Londres Botello ha destacado la importancia de definir claramente los procedimientos para la inclusión y, especialmente, la exclusión de individuos en este registro. Además, se ha establecido que las autoridades de todos los niveles de gobierno requerirán la presentación del certificado de inscripción en el registro de deudores alimentarios para la realización de trámites esenciales, incluyendo la solicitud de permisos y licencias, trámites de pasaporte, solicitudes de matrimonio, y operaciones notariales relacionadas con bienes inmuebles.


Este registro no solo pretende garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias sino también servir como un mecanismo de prevención y protección para los niños y adolescentes, quienes frecuentemente se ven afectados por las disputas parentales. Con estas medidas, el Senado busca cerrar un ciclo de impunidad y desatención que ha perjudicado a muchas familias mexicanas, asegurando un futuro más justo y seguro para los menores involucrados.


La implementación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias marca un avance significativo en la legislación mexicana, reflejando un compromiso con la protección de los derechos de los niños y adolescentes y abordando una forma de violencia económica que hasta ahora había sido difícil de combatir efectivamente.





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