El accidente registrado en las escaleras eléctricas del centro comercial Paseo Durango ha puesto en evidencia las omisiones en la seguridad del lugar. Ubaldo Salazar, director de Inspectores Municipales, calificó el suceso como lamentable y recordó que en agosto del año pasado se emitió una constancia que señalaba la falta de un dictamen de protección civil en la plaza, situación que fue llevada al Juzgado Cívico. Sin embargo, aclaró que el caso no entra dentro de la jurisdicción de esta instancia municipal.
Por su parte, el regidor Jorge Silverio apuntó que la plaza ha perdido su atractivo para los ciudadanos. La describió como un espacio sucio, descuidado y con numerosas irregularidades operativas. Además, sugirió que su funcionamiento podría estar influenciado por actos de corrupción. "Parece que hay un moche de por medio y que intereses económicos permiten que siga operando, pese a las deficiencias evidentes", comentó.
Silverio lamentó que las autoridades locales suelen actuar solo tras ocurrencias de desgracias, en lugar de prevenirlas. Aunque evitó señalar a responsables directos, resaltó que la falta de mantenimiento y supervisión en este tipo de espacios representa un riesgo considerable para los ciudadanos.
Este incidente reabre el debate sobre la responsabilidad que tienen los dueños de plazas comerciales y la función de las autoridades municipales y estatales en garantizar la seguridad de los usuarios. La falta de transparencia en la operación de estos espacios podría desencadenar consecuencias más graves si no se toman medidas preventivas inmediatas.
El caso evidencia la necesidad urgente de fortalecer la regulación y el seguimiento en los centros comerciales, para evitar que situaciones similares se repitan. Es fundamental que tanto los propietarios como las instancias encargadas de la supervisión tomen acción para garantizar la seguridad de los usuarios y prevenir futuros accidentes.
Este tipo de incidentes también pone en evidencia la falta de comunicación y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y los encargados de la supervisión de estos establecimientos. A menudo, las plazas comerciales operan con una aparente independencia, sin un control adecuado por parte de las autoridades competentes. Esto permite que las condiciones de seguridad sean deficientes y que los estándares mínimos de prevención no se cumplan.