Pepenadores exigen precios dignos

Los pepenadores del municipio enfrentan una dura realidad: los precios que reciben por su trabajo en la planta de selección, compactación y transferencia de residuos sólidos urbanos son insuficientes para subsistir. Una fuente anónima revela que el precio por kilo de PET se sitúa en solo 1,50 pesos, mientras que el cartón se paga a 60 centavos. Para obtener una ganancia aproximada de 150 pesos, deben llenar barcinas de 100 kilos, un ingreso que no alcanza a cubrir la canasta básica. Por el contrario, los compradores obtienen hasta 7 pesos el kilo, lo que pone en una balanza totalmente desequilibrada, pues son ellos los que realmente se llevan todo el trabajo.

Las personas que se dedican a esta labor, trabajan de 6 de la mañana a 2 de la tarde, con la esperanza de mejorar sus condiciones económicas. Aunque las ventas en el mercado informal pueden ofrecer precios ligeramente más altos, sus familias apenas logran sostenerse con lo que obtienen. El trabajo, además de ser mal pagado, se vuelve aún más arriesgado por la falta de protocolos de seguridad en la planta. Existen reportes de accidentes vinculados a las máquinas que han lastimado severamente a algunos de ellos.

La falta de atención de las autoridades es alarmante. Los pepenadores sienten que sus condiciones laborales no son prioridad para quienes deben velar por su bienestar. Hacen un llamado urgente para que se reconozca la importancia de su trabajo, que no solo es esencial para la economía local, sino también para la sostenibilidad ambiental. La realidad es que, sin un salario digno y sin medidas de seguridad adecuadas, su trabajo se convierte en un pesar día tras día.

Este sector no solo contribuye al reciclaje y a la limpieza de la ciudad, sino que también desempeña un papel crucial en la economía informal. Las condiciones en las que trabajan son inaceptables. La falta de reconocimiento y apoyo institucional no solo perpetúa la pobreza, sino que también expone a estos trabajadores a situaciones peligrosas. Es necesario que las autoridades actúen con responsabilidad, implementando políticas que mejoren sus condiciones laborales y protejan su bienestar.