El Poder Judicial Federal (PJF) en Durango retomó sus actividades este 28 de octubre, tras una huelga que mantuvo sus funciones suspendidas por varios días. En total, 420 trabajadores regresaron a sus labores, buscando restablecer la normalidad en los servicios judiciales de la región. Esta reanudación representa un esfuerzo por recuperar el ritmo de trabajo habitual y atender los casos pendientes, los cuales se acumularon durante el tiempo de paro.
Los empleados del PJF, conscientes de la importancia de su labor en la resolución de asuntos legales en la comunidad, expresaron su compromiso con retomar las actividades con el mismo nivel de eficiencia previo al cese de actividades. La huelga fue motivada por inquietudes relacionadas con condiciones laborales y cambios internos, que los empleados consideraron que podrían afectar sus derechos y estabilidad en el trabajo. Durante este periodo, los trabajadores manifestaron sus demandas y, tras llegar a ciertos acuerdos, decidieron levantar el paro.
A pesar de la reanudación, los trabajadores advirtieron que seguirán vigilantes a cualquier posible modificación en sus condiciones laborales. La atención está puesta en que se respeten los compromisos alcanzados y se mantengan los derechos laborales de todos los empleados del Poder Judicial. En caso de que se implementen cambios que afecten su situación, no descartan la posibilidad de retomar la suspensión de actividades como medida de presión.
La vuelta al trabajo en el PJF representa un alivio tanto para los empleados como para los ciudadanos que esperan respuesta a sus casos judiciales. Durante la huelga, numerosos trámites y juicios quedaron en pausa, afectando tanto a los involucrados en procedimientos legales como a la comunidad en general. El objetivo ahora es acelerar la resolución de estos asuntos, para lo cual se buscará optimizar los recursos y esfuerzos de los 420 trabajadores en sus distintas áreas de competencia.
La decisión de retomar las actividades también responde a un compromiso de los trabajadores con la ciudadanía, quienes, a través de sus casos, dependen del buen funcionamiento del sistema judicial. La normalización de los servicios busca asegurar la continuidad en la impartición de justicia en Durango, devolviendo así la confianza en el sistema por parte de la población.