PRI en Durango no solicitará seguridad para candidatos.
En un giro inesperado que desafía las convenciones actuales, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Durango ha anunciado su decisión de no solicitar seguridad adicional para sus candidatos durante la próxima campaña electoral, subrayando un estado de tranquilidad que, según afirman, permea incluso las regiones más remotas del estado. Ernesto Alanís Herrera, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, articuló esta postura, marcando un contrapunto notable al clima de tensión electoral observado en otras partes del país.
La declaración del PRI llega en un momento en que la seguridad electoral es un tema de discusión nacional, especialmente tras el anuncio del Gobierno Federal de delegar la responsabilidad de la protección de los candidatos a los gobiernos estatales. Esta decisión, lejos de ser una mera formalidad administrativa, se inscribe en un debate más amplio sobre la coordinación y las obligaciones de los distintos niveles de gobierno en materia de seguridad.
Alanís Herrera no solo destacó la paz que caracteriza a Durango, incluidas sus zonas serranas, que comparten fronteras con estados vecinos; también criticó la postura federal, argumentando que la seguridad durante el periodo electoral no debería ser una responsabilidad exclusiva de los estados. Según él, este es un esfuerzo que requiere la cooperación de todos los niveles de gobierno, implicando una crítica velada a la estrategia de seguridad actual y a su efectividad en el contexto electoral.
La posición del PRI en Durango no es solo una declaración sobre la seguridad en la región; es también una apuesta política y una manifestación de confianza en el estado de derecho y en la capacidad de las instituciones locales para garantizar el desarrollo pacífico de las elecciones. Este gesto desafía la narrativa predominante y plantea interrogantes sobre la mejor manera de asegurar los procesos democráticos en México.
A medida que la temporada electoral avanza, la decisión del PRI en Durango de renunciar a la seguridad adicional será observada de cerca, no solo como un barómetro de la estabilidad en el estado, sino también como un indicador de la eficacia de las estrategias de seguridad a nivel nacional y local. En un contexto donde la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno es crucial, Durango emerge como un caso de estudio en el equilibrio entre autonomía estatal y colaboración federal.