Esto ha ocurrido las últimas semanas en varios municipios de Hidalgo, en donde grupos delincuenciales han dañado las redes que dan servicio de internet, telefonía y televisión a miles de personas.
Desde el 25 de marzo se han registrado en Hidalgo 12 actos de sabotaje, en el tramo Nopala-Tula, en los poblados "Las Maravillas" y "Santa María Macuá".
Estos actos no solo ponen en riesgo un servicio de comunicación esencial para muchas poblaciones en México.
Potencialmente también pueden llegar a afectar los servicios públicos de telecomunicaciones que brindan atención en: hospitales, escuelas, oficinas, módulos de seguridad, emergencia, entre otros.
En una situación así todos podemos resultar afectados, imagine un caso de urgencia, sea por motivos de salud, de seguridad o de cualquier otro trámite y que no le puedan dar el servicio que merece, aunque sea un derecho.
Se han interpuesto varias denuncias estatales y federales en contra de estos grupos delincuenciales, como lo muestra esta querella dirigida al procurador general de justicia del estado de Hidalgo, con fecha del 12 de marzo del 2021.
La autoridad pareciera estar apoyando en la investigación, pero ni resultados ni acciones contundentes.
Tanto la autoridad estatal como la federal se "echan la bolita" en la resolución del problema, en el caso de Hidalgo, al haber un daño privado en vías estatales, es competencia directa de la autoridad local atender la emergencia, lo que no está ocurriendo.
Frente a esto no se ha podido terminar con los sabotajes a las redes de telecomunicación, los cuales son servicios esenciales y hasta de seguridad nacional, concesionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
En algunos municipios del estado de Hidalgo se han registrado delitos de daño a la propiedad privada, vías estatales y la presencia de personas armadas reteniendo, amedrentando o inclusive agrediendo a los trabajadores que instalan los servicios de telecomunicación.
En Hidalgo, de acuerdo con la encuesta nacional de victimización 2020 del INEGI, los delitos más denunciados son el robo y la extorsión, donde el 77.3% de la población mayor de 18 años considera que vivir en su entidad federativa es inseguro, a consecuencia de la delincuencia.
En septiembre de 2019 el gobernador Omar Fayad recibió el premio "impulso a las telecomunicaciones", al ser Hidalgo un estado modelo a nivel nacional, en el despliegue de infraestructura de servicios de telecomunicación.
En los hechos, hoy se ha visto lo contrario, con una clara falta de apoyo de la autoridad estatal para resolver el delito de sabotaje en las vías de comunicación.
En México, el acceso a internet es un derecho constitucional.
A partir de la Reforma en Telecomunicaciones promulgada en 2013, la ley reconoce la importancia de internet como un habilitador de otros derechos fundamentales, como: el derecho a la información, el derecho a la privacidad y el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, consagrados en la carta magna.
Sabotear las vías de telecomunicación es un delito que debe ser castigado.
El artículo 167 del Código Penal Federal establece penas de 1 a 5 años de prisión y de 100 a 10 mil días de multa a quien destruya uno o más postes, aisladores, alambres, máquinas o cualquier otro aparato empleado en la red pública de telecomunicaciones.
¡Urgen acciones eficaces, contundentes y claras en contra de estos grupos criminales!
En beneficio de miles de mexicanos.