En una reciente reunión con la virtual presidenta de la República, el gobernador Esteban Villegas presentó una propuesta ambiciosa y necesaria: una reforma constitucional para la administración y uso del agua. Según Villegas, esta reforma permitiría al estado asumir un control más directo sobre los recursos hídricos, mejorando la gestión y regularización del cobro del servicio de agua potable.
La propuesta del gobernador busca abordar múltiples problemas relacionados con la gestión del agua, que han afectado a diversas comunidades en el estado. Actualmente, la administración del agua enfrenta desafíos significativos, incluyendo infraestructura obsoleta, distribución ineficiente y cobros irregulares. Al centralizar el control y gestión en manos del estado, Villegas argumenta que se podría garantizar una administración más coherente y eficaz de este recurso vital.
Uno de los aspectos más críticos de la reforma es la regularización del cobro del servicio de agua potable. En muchas zonas, los usuarios han enfrentado facturas inconsistentes y, a menudo, injustas, lo que ha generado descontento y desconfianza hacia las autoridades encargadas de la gestión del agua. Villegas subraya que una regulación adecuada no solo mejoraría la transparencia y equidad en el cobro de tarifas, sino que también aseguraría que los ingresos generados se reinviertan en mejorar la infraestructura y servicios relacionados con el agua.
La propuesta de reforma también incluye medidas para proteger los recursos hídricos del estado. Enfrentando retos como el cambio climático y el crecimiento demográfico, es fundamental implementar políticas que aseguren la sostenibilidad del agua a largo plazo. La reforma buscaría establecer normas estrictas para la conservación y uso eficiente del agua, promoviendo prácticas sostenibles tanto en el sector agrícola como en el industrial, además de fomentar la concienciación ciudadana sobre la importancia de cuidar este recurso.
Durante la reunión, el gobernador Villegas destacó la necesidad de un enfoque colaborativo. Reconoció que la gestión del agua es un desafío que requiere la participación activa de todos los niveles de gobierno, así como de la sociedad civil. Subrayó la importancia de trabajar en conjunto con la virtual presidenta de la República y otras autoridades federales para garantizar que la reforma se implemente de manera efectiva y que se logren los resultados esperados.
Esta propuesta no está exenta de desafíos. La reforma constitucional para la administración y uso del agua requerirá un amplio consenso político y social. Será crucial involucrar a diferentes sectores, incluidos los agricultores, empresarios, académicos y organizaciones comunitarias, para asegurar que la reforma refleje las necesidades y preocupaciones de todos los afectados.