La solicitud que ha hecho la Secretaría de la Defensa Nacional de un desembolso de 3 mil millones de pesos destinados a la adquisición de maquinaria y equipo especializado en mantenimiento carretero es muy cuestionada. Esta decisión, lejos de ser un consenso, ha encendido un debate sobre la eficiencia y transparencia en la gestión de recursos públicos en el ámbito de la infraestructura vial.
El legislador Fernando Rocha Amaro ha sido una voz crítica ante esta medida, argumentando que tal inversión resulta innecesaria dada la existencia de empresarios locales equipados y con la experiencia necesaria para asumir estas tareas. Según Rocha Amaro, no solo es cuestionable la elección de la Secretaría de la Defensa como ejecutora de estos proyectos, sino que además se debería potenciar la Secretaría de Infraestructura y Obras, entidad más afín a estos menesteres, asegurando así una mayor eficacia y coherencia en las políticas de desarrollo vial.
La controversia se agudiza ante la reserva de información relacionada con este proyecto. Este hermetismo ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y la posible existencia de malas prácticas en la administración de los fondos públicos. La falta de claridad y la opacidad en el manejo de tal cuantiosa suma demandan una explicación, no solo para disipar dudas sobre la integridad de la gestión, sino también para reafirmar el compromiso con la rendición de cuentas ante la sociedad.
Este episodio destapa una serie de interrogantes sobre la idoneidad de las estrategias de inversión en infraestructura y la optimización de recursos ya disponibles en el sector privado. La necesidad de un diálogo abierto entre gobierno, empresarios y sociedad civil se hace imperante, buscando alinear esfuerzos y recursos hacia un mantenimiento carretero eficiente, transparente y, sobre todo, que responda a las verdaderas necesidades de la comunidad.
El legislador hace el llamado a una revisión crítica de las decisiones en materia de inversión pública es más relevante que nunca. La comunidad espera acciones concretas que refuercen la confianza en sus instituciones, asegurando que cada peso invertido en infraestructura carretera se traduzca en beneficios tangibles para todos los duranguenses.