Durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) ha estimado que el sector privado invertirá aproximadamente seis billones de pesos en infraestructura
La cifra estimada representa más del 60% del total destinado a obras de infraestructura en el país, una parte fundamental de la agenda del gobierno federal. Sin embargo, el presidente de la CMIC, Luis Méndez Jaled, subrayó que esta inversión podría superar los siete billones, dependiendo de factores como la estabilidad económica, el marco jurídico y la seguridad en el país.
A lo largo del sexenio, se prevé que las constructoras privadas realicen una inversión anual cercana a un billón de pesos, con énfasis en sectores clave como la edificación, obras de ingeniería civil y trabajos especializados. Por ejemplo, en el primer año del gobierno de Sheinbaum, la inversión total prevista será de un billón de pesos, de los cuales un 65% se destinará a la construcción de viviendas y edificaciones, mientras que el resto será para proyectos de infraestructura y especialización.
El gobierno federal contribuirá con un 40% en el financiamiento de proyectos de infraestructura, destacando entre ellos la modernización de redes carreteras y ferroviarias
Según el Paquete Económico de 2025, el gobierno ha asignado 849 mil millones de pesos para infraestructura, una cifra que representa una caída del 10% en términos reales con respecto a 2024. A pesar de esta disminución en el presupuesto gubernamental para obra pública, el sector privado mantiene una visión optimista, considerando el aumento en el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que se ha duplicado este año.
Uno de los proyectos más emblemáticos para el gobierno de Sheinbaum será el desarrollo del Tren Maya y otros proyectos ferroviarios. A pesar de la participación del Ejército en algunas de estas obras, el 70% de los proyectos ferroviarios serán destinados a empresas privadas, lo que abre oportunidades de inversión en el sector.
Un aspecto crucial para el éxito de estos proyectos es la certidumbre jurídica y la seguridad. Méndez Jaled advirtió que la falta de estas garantías podría desincentivar a los inversores, especialmente en las Asociaciones Público-Privadas (APPs). Además, destacó la importancia de que el gobierno continúe promoviendo políticas que favorezcan el Estado de Derecho para asegurar el flujo de capital y el éxito de las inversiones.
A pesar de la urgencia de incrementar la inversión en infraestructura en el país, el sector constructor se enfrenta a varios desafíos. Entre ellos, la necesidad de un crecimiento económico robusto, ya que las previsiones actuales de la Secretaría de Hacienda y las calificadoras privadas apuntan a un aumento de solo entre el 2% y el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos años, lo que podría limitar la capacidad de inversión.
La iniciativa privada también jugará un papel clave en proyectos relacionados con la relocalización o nearshoring, desarrollando la mayoría de los cien parques industriales previstos por el gobierno