Durango será uno de los seis estados de la República que cuenta con una defensoría pública en materia electoral que estará enfocada a los ciudadanos pertenecientes a grupos vulnerables, tales como la población indígena.
El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Francisco Javier González Pérez, explicó que desde hace un año se trabaja en implementar acciones que mejoren la calidad de la atención que se brinda a los ciudadanos.
La primera acción fue la implementación de un traductor al lenguaje de señas para hacer las sesiones públicas más inclusivas para la comunidad de personas que viven con limitaciones auditivas.
Además, se prevé que la semana próxima se ponga en operación una plataforma más amigable para que los ciudadanos revisen la información relacionada con el propio Tribunal Electoral.
Entre estas acciones es que se cuenta la creación de una defensoría pública electoral "lo que hicimos como un primer paso fue promover en el caso del estado una iniciativa, a través de la cual se adicionara esta figura en nuestro tabulador".
En opinión del Magistrado Presidente, es alto el número de asuntos electorales que no son presentados ante las autoridades debido a que los ciudadanos no cuentan con los recursos suficientes para dar seguimiento a sus quejas.
"Esto se refleja en los últimos años porque no hemos tenido muchas aportaciones de personas pertenecientes a estos grupos. Únicamente recuerdo algunas personas con discapacidad que promovieron algunos juicios reclamando omisión legislativa para que, precisamente, el Congreso pudiera legislar en materia de las personas con discapacidad y una persona que se auto adscribió indígena", afirmó.