El 7 de marzo, María de los Ángeles, una trabajadora del CESSA 450, recibió una llamada telefónica que le informó que su contrato de 13 años había sido finalizado. Sin embargo, la afectada denunció que no se le ha entregado ningún documento oficial que respalde su despido, lo que considera un despido injustificado. Ante esta situación, María decidió interponer una demanda y busca que se haga justicia.
Además, mencionó que no es la única en esta situación. Otros trabajadores del mismo centro también se han visto afectados por despidos similares, sin recibir la documentación adecuada. Durante su tiempo en el CESSA 450, María de los Ángeles indicó que no se le otorgaron beneficios sociales básicos, como el acceso a la salud y a la vivienda, lo que empeora aún más su situación. Actualmente, ha perdido su única fuente de ingresos, y la incertidumbre sobre su futuro laboral la afecta profundamente.
A pesar de que no ha recibido ninguna notificación oficial, se ha mencionado que hasta 600 trabajadores podrían ser despedidos. No obstante, esta cifra aún no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades. Mientras tanto, la situación legal de María le impide abandonar su puesto de trabajo sin ser acusada de abandono laboral, por lo que ha recibido la instrucción de seguir presentándose a trabajar. Sin embargo, se le ha negado el acceso a las instalaciones, lo que genera aún más confusión e inseguridad sobre su estatus laboral.
María de los Ángeles expresó su preocupación por la situación que enfrentan otros trabajadores, quienes también dependen de este empleo para su sustento. A la espera de que las autoridades tomen cartas en el asunto, hace un llamado a que se resuelva el problema de forma justa y que los derechos laborales de los empleados sean respetados.