A pesar de que la ley contempla el derecho de las personas con discapacidad a contar con placas especiales para facilitar su movilidad, en la práctica, este proceso suele estar lleno de trabas. Según testimonios recientes, muchos ciudadanos que cumplen con todos los requisitos son rechazados en los quioscos de atención, obligándolos a presentar quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para poder ejercer este derecho.
De acuerdo con un vocero de una organización civil, las autoridades argumentan que se niegan a otorgar placas debido al mal uso que algunas personas hacen de ellas. Sin embargo, el hecho de que existan abusos no debería ser motivo para afectar a quienes realmente las necesitan. Se propone que quienes usen indebidamente estas placas sean sancionados con la cancelación permanente del permiso, pero se insiste en que no se debe generalizar ni castigar a los usuarios legítimos.
Uno de los puntos que generan más conflicto es que muchas discapacidades no son visibles, lo que provoca juicios erróneos. Casos recientes como el de una mujer criticada en redes sociales por usar una placa de discapacidad sin que su condición fuera evidente, demuestran la falta de empatía y conocimiento de la ciudadanía. La ley exige contar con una constancia médica emitida por especialistas autorizados, lo cual garantiza que sólo personas con una condición diagnosticada puedan acceder a estos beneficios.
Además, se denuncia que los trámites pueden durar hasta más de un año, como ocurrió con un padre de un niño con autismo, quien logró el permiso solo después de presentar quejas y acudir a instancias superiores. Por ello, se hace un llamado a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos mantenga estas denuncias activas hasta lograr que el procedimiento sea automático, sin depender del criterio del director o de procesos burocráticos innecesarios.
En lo que va del año, cinco personas han solicitado apoyo ante estos obstáculos, entre ellas familias con hijos con autismo o múltiples miembros con alguna discapacidad. La exigencia es clara: garantizar igualdad de acceso al derecho a la movilidad, sin discriminación ni trámites desgastantes.