La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA) ha expresado su desacuerdo con la legalización de vehículos "chocolate" en México, es decir, aquellos que ingresan al país de manera irregular. Este proceso afecta principalmente a los estados que cuentan con un alto índice de migración hacia Estados Unidos y Canadá, entre los que se incluyen Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
El decreto de regularización tiene como objetivo legalizar estos vehículos y ofrecer a sus propietarios la posibilidad de ponerlos en regla, evitando su decomiso. Existen dos formas principales de llevar a cabo este proceso: mediante la aduana o por decreto. En el caso de la aduana, el proceso incluye la obtención de un título, un pedimento y una factura, lo que resulta en un costo considerablemente más alto. En cambio, al hacerlo por decreto, los propietarios solo necesitan realizar el pago ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), obtener su título original, inscribirse en el Registro Público Vehicular (Repuve) y dar de alta las placas en el estado correspondiente, a un costo menor.
A pesar de las facilidades que ofrece el decreto, la AMDA ha recomendado a los consumidores que opten por adquirir vehículos nacionales. La principal razón de esta recomendación es la facilidad de acceso a refacciones y mantenimiento. Los automóviles nacionales o aquellos fabricados en México, Estados Unidos o Canadá ofrecen una mayor disponibilidad de piezas y servicios de reparación, lo que resulta en un mantenimiento más asequible y eficiente. En cambio, los vehículos importados de manera irregular pueden tener dificultades para encontrar repuestos, lo que genera costos adicionales y tiempos de reparación más largos.
El proceso de regularización de los vehículos se extiende para aquellos fabricados en 2018 y años anteriores en 2024, y a partir de 2025 se incluirán los modelos 2019. Sin embargo, algunas excepciones aplican en este decreto, como las motocicletas, cuatrimotos, bicicletas y remolques, que no entran dentro del marco de regularización.
La AMDA también señaló que muchas de las unidades que ingresan al país de manera irregular provienen de zonas fronterizas, lo que representa un riesgo para la industria automotriz nacional. Según la organización, la regularización de estos vehículos afecta la economía local, ya que disminuye la demanda de automóviles nuevos y nacionales, además de generar un impacto en el mercado de autos usados formales.
La situación seguirá generando debate en los próximos años, conforme se sumen más modelos de vehículos al proceso de regularización.