El 20 de enero de 2025, la Casa Blanca emitió la orden ejecutiva titulada "Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense", que busca restringir la interpretación del derecho a la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos.
La medida introduce cambios importantes en la aplicación de la Decimocuarta Enmienda, que otorga ciudadanía a las personas nacidas en el país, al reinterpretar el concepto de estar "sujetas a su jurisdicción".
De acuerdo con la orden, las personas nacidas en Estados Unidos ya no recibirán automáticamente la ciudadanía si cumplen ciertos criterios. Se verán afectados los hijos de madres que se encuentren en el país de manera ilegal, siempre que el padre tampoco sea ciudadano estadounidense ni residente legal permanente. Y también se perjudica a los hijos de madres con presencia temporal en Estados Unidos, como turistas o estudiantes, bajo las mismas condiciones respecto al padre.
La política, que entrará en vigor el 19 de febrero de 2025, instruye a todas las agencias gubernamentales a no emitir documentos que reconozcan la ciudadanía a las personas nacidas en estas circunstancias.
Además, prohíbe aceptar documentos de gobiernos estatales o locales que intenten otorgar dicho reconocimiento. Según el mandato, las agencias ejecutivas tendrán un plazo de 30 días para publicar guías detalladas sobre la implementación de estas disposiciones.
La orden afecta exclusivamente a quienes nazcan en Estados Unidos después de la fecha de implementación, y no modifica los derechos de los hijos de residentes legales permanentes. También aclara que las definiciones de "madre" y "padre" se limitan a los progenitores biológicos inmediatos.
Defensores de la medida argumentan que la reinterpretación es necesaria para preservar el valor de la ciudadanía estadounidense y combatir los supuestos abusos al sistema migratorio. Sin embargo, la decisión ha generado un intenso debate. Grupos de derechos civiles y especialistas en derecho constitucional han señalado que la medida podría enfrentar retos legales por contradecir interpretaciones históricas de la Decimocuarta Enmienda.
En el trasfondo de esta acción ejecutiva se encuentran las políticas de inmigración más estrictas impulsadas por el presidente Trump, quien busca priorizar la seguridad nacional y reforzar el control sobre las fronteras. Según analistas, esta estrategia se alinea con otras medidas recientes, como el restablecimiento de los Protocolos de Protección a Migrantes y la construcción de barreras físicas en la frontera sur.
Aunque el impacto de la orden ejecutiva está por determinarse, su implementación promete ser un punto de inflexión en la política migratoria de Estados Unidos, marcando un cambio significativo en el acceso a la ciudadanía por nacimiento.