La Universidad de Guadalajara (UdeG) tiene pendiente aclarar el destino de más de 27 millones de pesos que debían ser invertidos en la profesionalización de su cuerpo académico, señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Según una revisión al cumplimiento del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) ejercido en Jalisco durante 2018, la UdeG recibió a través de este proyecto más de 54 millones de pesos de origen Federal.
El objetivo del PRODEP es que los profesores de tiempo completo alcancen "capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación", además de consolidar cuerpos académicos capaces de transformar su entorno, según el Gobierno Federal.
Sin embargo, la UdeG sólo pudo comprobar el destino de menos de la mitad del dinero recibido, quedando pendientes 27 millones 848 mil pesos.
Por lo anterior, la ASF presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por los más de 27 millones de pesos, más los intereses generados, por pagos sin acreditar los montos, ni los beneficiarios a los cuales fueron transferidos los recursos.
Según la Auditoría, la causa probable de esta irregularidad tiene raíz en la carencia de controles internos y de una adecuada planeación, "lo cual incide en deficiencias en la vigilancia, transparencia y rendición de cuentas".
Ante esta situación, la ASF pide a la Contraloría Interna de la UdeG que investigue y en su caso "inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no registraron presupuestal y contablemente los egresos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2018".
Según el último Informe de Actividades del entonces Rector General de la UdeG, Miguel Ángel Navarro, fueron dos mil 886 académicos de la universidad beneficiados durante 2018 por el PRODEP.
La UdeG tiene una última oportunidad de comprobar el destino de los 27 millones de pesos ante la ASF.
Además de la UdeG, la ASF también detectó irregularidades por 24 millones de pesos en el manejo del PRODEP 2018 por parte del Gobierno de Jalisco, que los ejerció en once cursos que no estaban autorizados ni pudo comprobar su realización.