Cámaras sin instalar y cursos "fantasma" de capacitación son algunas de las irregularidades que en el tema de la seguridad detectó la Auditoría Superior de la Federación durante el ejercicio 2018 del Gobierno de Jalisco.
Fueron más de 17 millones de pesos en anomalías las identificadas por la dependencia, entre los más de 300 millones de pesos de recursos federales ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados durante el último año de gestión del ex gobernador Aristóteles Sandoval.
Entre las irregularidades, la Auditoría advierte que hay 9 cámaras de video vigilancia que están bajo resguardo de la Fiscalía para el Escudo Urbano C5, pero que están en una bodega en lugar de haber sido instaladas en Lagos de Moreno y Colotlán.
El señalamiento de mayor monto fue por más de siete millones de pesos pagados por 23 cursos de capacitación especializada, pero no se pudo acreditar que realmente se llevaran a cabo. Los cursos tenían la finalidad de mejorar el desempeño de elementos de seguridad en temas tecnológicos, como el uso de software forense o monitoreo de seguridad.
También señalan más de seis millones de pesos por la contratación de la empresa CRIME LAB, de Aguascalientes, para pruebas de laboratorio del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, pero no hay evidencias de su realización.
La ASF advierte que están extraviados seis conmutadores, un proyector, y hubo irregularidades en la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en Puerto Vallarta, obra realizada por la empresa GAREY CONSTRUCCIONES; y mala calidad en los trabajos de la empresa ERBAZA en el Centro de Atención Integral Juvenil de El Salto.
En total, éstos son los señalamientos realizados por la ASF al Gobierno de Jalisco por su ejercicio 2018 en materia de seguridad:
El total de las irregularidades con probable daño a la Hacienda Pública asciende a $17,807,148.99
Los resultados de la auditoría puedes consultarlos aquí.
El informe de la ASF será dictaminado por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, y en caso de ratificarse los señalamientos, deberán abrirse créditos fiscales a los funcionarios responsables para que restituyan los recursos que fueron perdidos o mal gastados.
La ASF también solicitó a la Contraloría del Estado abrir los procedimientos de responsabilidad administrativa que correspondan contra los funcionarios responsables de irregularidades y faltas a procedimientos, para que se apliquen sanciones y en caso de que exista presunción de delitos, se deberán presentar las denuncias ante la Fiscalía del Estado o General de la República.