El Gobierno de Estados Unidos anunció oficialmente la designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas globales.
La medida, dada a conocer por el Departamento de Estado, busca endurecer las restricciones contra estos grupos al considerarlos una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos del país.
Los cárteles incluidos en esta lista son el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana. Con esta designación, estas organizaciones estarán sujetas a sanciones más severas, incluyendo la prohibición de que ciudadanos y empresas estadounidenses les brinden apoyo material.
La decisión se formalizará con su publicación en el Registro Federal, prevista para el próximo 20 de febrero. Este paso refuerza el compromiso del Gobierno estadounidense de combatir el tráfico de drogas y la violencia generada por estos grupos.
Además de los cárteles mexicanos, en la lista figuran otras organizaciones criminales de América Latina, como el Tren de Aragua de Venezuela y la Mara Salvatrucha de El Salvador. Estas bandas han sido señaladas por sus actividades ilícitas, que incluyen el narcotráfico, la trata de personas y la extorsión.
Con esta medida, los cárteles mexicanos ahora comparten la misma clasificación que grupos extremistas como el Estado Islámico y Al-Qaeda. Esto implica que el Gobierno de EE.UU. podrá aplicar sanciones económicas más estrictas y tomar acciones legales contra quienes colaboren con estas organizaciones.
El anuncio ha generado diversas reacciones tanto en Estados Unidos como en México. Mientras algunos sectores lo ven como un paso necesario para frenar el crimen organizado, otros advierten sobre posibles consecuencias en la relación bilateral, especialmente en materia de seguridad y cooperación entre ambos países.
La designación de los cárteles como organizaciones terroristas abre la puerta a nuevas estrategias de combate contra estos grupos. Sin embargo, aún está por verse el impacto que esta decisión tendrá en la lucha contra el narcotráfico y la violencia en México y la región.