Margarita Domínguez denunció cuatro veces, ante la Fiscalía de Jalisco, la violencia que sufría por parte de su pareja. Pero las denuncias no tuvieron seguimiento ni recibió órdenes de protección. Finalmente, en 2017 fue asesinada por su agresor en Tonalá.
"Cuatro denuncias que se presentan entre 2014 y 2017; para 2017, desafortunadamente, después de dejar a su hija menor, es abordada por Sabino, quien con engaños la lleva hacia una brecha, allá en la colonia Santa Paula, donde ella vivía, y ahí desafortunadamente comete el feminicidio y la priva de la vida", explica el abogado de la familia de Margarita, Cristhian Frías Lomelí.
El feminicidio de Margarita provocó que sus dos hijos, de 4 y 6 años, quedaran desamparados, pues perdieron a su madre y su padre se encuentra tras las rejas. Por ello, la familia exige que la Fiscalía les entregue una indemnización que permita dar a los pequeños la educación, vivienda, alimentación y necesidades que no podrán cubrir.
"Emprendemos un juicio contra la Fiscalía porque consideramos y argumentamos que esas omisiones vinculan responsabilidades administrativas de parte de los funcionarios públicos, solicitando una indemnización para los dos menores que deja y los papás y la hermana que le sobreviven", detalla el abogado.
La familia ganó el juicio, y el Tribunal de Justicia Administrativa ordenó a la Fiscalía del Estado, en 2018, entregar 6 millones de pesos como una forma de reparar el daño a la familia por la mala actuación de los agentes, que pese a las denuncias reiteradas no la protegieron. Sin embargo, tres años después del feminicidio, no han pagado.
"Empezamos a tener un retraso del primer pago, hasta que para la segunda semana de enero de este año nos dicen que no tienen dinero, que el dinero fue destinado a las vacunas del COVID, y que por lo tanto nos tendríamos que esperar hasta febrero para ver si tienen el dinero", dice el abogado.
El abogado presentará una queja por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal que ordena a la Fiscalía entregar la indemnización, y solicitó un juicio político en el Congreso de Jalisco contra el fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez, y el Secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida Morales.
El caso de Margarita fue documentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma que exigió en una recomendación al fiscal que se cubriera, de manera inmediata, una compensación a la familia como una reparación integral del daño.
Meganoticias solicitó una postura a la Fiscalía del Estado sobre el caso, pero hasta el momento no ha habido respuesta.