Unos 100 inmigrantes venezolanos que se encuentran detenidos en un centro de detención en Colorado no podrán ser deportados a El Salvador, luego de que una jueza federal dictaminó que al menos dos de ellos deben tener la oportunidad de presentar su caso ante un juez antes de ser expulsados.
La decisión representa un revés para el plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, que planeaba trasladarlos sin una revisión judicial previa.
La jueza Charlotte N. Sweeney falló a favor de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a dos venezolanos de 25 y 32 años detenidos en Aurora, una ciudad al este de Denver. Ambos hombres no fueron identificados públicamente. El fallo impide que el Gobierno federal los envíe a El Salvador y les permite quedarse temporalmente en Colorado mientras se revisa su situación migratoria.
"Por primera vez en meses podemos respirar aliviados", expresó Laura Lunn, abogada de la Red de Defensa de los Inmigrantes de las Montañas Rocosas, tras conocer la decisión. La abogada afirmó que la comunidad inmigrante ha sido atacada de manera desproporcionada por las autoridades migratorias, y que esta medida ofrece un respiro en medio de la incertidumbre.
Durante la audiencia, los abogados del Gobierno argumentaron que frenar las deportaciones complicaría su capacidad para aplicar las leyes de inmigración, incluyendo la detención y expulsión de personas que se encuentren ilegalmente en el país. Sin embargo, la jueza consideró que los venezolanos corren el riesgo de ser deportados injustamente y podrían sufrir daños irreparables si son trasladados a El Salvador sin un proceso adecuado.
Según los documentos judiciales, ambos inmigrantes cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos en Texas hace algunos años, como parte del flujo migratorio que ha llevado a unos 40 mil venezolanos a establecerse en Colorado entre 2022 y 2024. La jueza subrayó que todos ellos tienen derecho a recibir información legal en su idioma, en este caso, español, y a solicitar una audiencia justa.
Sweeney también señaló que la demanda de ACLU no exige la libertad ni el asilo inmediato para los detenidos, sino que se respete su derecho al debido proceso. Aunque el Gobierno negó que se esté aplicando la Ley de Enemigos Extranjeros en este caso, la jueza cuestionó su posible uso futuro para justificar deportaciones.
Con esta decisión, el Gobierno federal deberá pausar cualquier intento de traslado mientras se define el futuro de los inmigrantes venezolanos involucrados. La resolución refuerza la necesidad de garantizar procesos justos, incluso en medio de estrictas políticas migratorias.
