Investiga Fiscalía Anticorrupción denuncias por alcancías sin cambio en transporte

Avanza la investigación penal sobre los excedentes que ha recaudado el transporte público cuando usuarios pagan en efectivo y las alcancías no les dan el vuelto, aseguró el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Gerardo de la Cruz.

"Hemos llevado a cabo muchos actos de investigación solicitando información a las empresas de transporte oficiales, del tema operativo, de cómo es que se opera el dinero en esas alcancías de prepago, tratando de determinar las cantidades y estableciendo el número de viajes, si está regulado o no hacia dónde van a llegar, y hemos hecho investigaciones de campo también, donde la Policía Investigadora ha tomado viajes de camión, desde el momento de comprar el boleto, hasta las terminales para saber cómo es que se recauda el dinero y de más, entonces estamos en pleno proceso de investigación", explica el funcionario, por lo que aún no determinan si existe algún delito y está relacionado con irregularidades.

El Fiscal Anticorrupción recuerda que comenzaron la investigación en julio, a partir de una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y ampliaron la indagatoria cuando el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Javier Armenta, presentó una denuncia por los excedentes que cobra el transporte público por arriba de la tarifa de 9 pesos con 50 centavos a quienes pagan en efectivo.

"No es una carpeta abierta por peculado ni mucho menos, no, es una carpeta abierta en relación a un hecho, que consideramos delictivo, pero que está en este proceso; desde luego que fue por la recomendación que emitió Derechos Humanos, pero después comparece el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios a presentar una denuncia, y esta denuncia se sumó a esta carpeta con la finalidad precisamente de tener a una persona con interés jurídico dentro de la misma que pudiera eventualmente aportar algún dato de prueba; de las dos denuncias formamos una sola carpeta", declaró en entrevista con Meganoticias el fiscal Gerardo de la Cruz.

Según estimaciones de la FEU, desde agosto de 2018, cuando se autorizó el incremento de la tarifa de 7 pesos a 9.50, el sistema de transporte público ha obtenido más de 121 millones de pesos de forma irregular, por el acumulado de centavos sin devolver a los usuarios.