El acaparamiento del agua pone en riesgo a La Laguna: más de un millón sin acceso potable.
La crisis del agua en la Comarca Lagunera se ha intensificado, afectando a más de un millón de personas que no tienen acceso permanente al recurso vital, mientras la mayor parte del agua disponible está en manos de unas cuantas familias y dedicada a la agroindustria. Este modelo de producción, potenciado por políticas neoliberales y respaldado por dependencias gubernamentales, ha priorizado la extracción y explotación del agua con fines comerciales, dejando en segundo plano el derecho humano al agua.
Según Gerardo Jiménez, integrante de Encuentro Ciudadano Lagunero, "el mayor volumen de agua se está destinando a la producción agrícola. En 2022, la producción agrícola valía 8 mil millones de pesos, y la producción de leche bronca, 22 mil millones de pesos. Ese es el costo de sostener un patrón de producción".
A lo largo de los años, la política extractiva ha favorecido el crecimiento económico de la región, con la agroindustria representando un tercio de la economía de La Laguna. Sin embargo, esta concentración de recursos ha resultado en la sobreexplotación del agua y ha limitado el acceso al agua potable para la población. Gerardo Jiménez subraya que "se ha priorizado el insumo del agua para producción, como una mercancía, y eso ha favorecido a un crecimiento económico importante, pero ha demeritado el abasto para la población".
Actualmente, las presas que abastecen a la región, como Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, se encuentran en niveles críticos, con un almacenamiento del 22% y 46% respectivamente. Esta situación es consecuencia, según los ambientalistas, de la división administrativa de las cuencas, gestionada desde una perspectiva mercantil y no hidrológica. Rafael Zuno, también integrante de Encuentro Ciudadano Lagunero, señala: "Tenemos problemas porque compartimos una frontera con más de 26 acuíferos".
El acaparamiento de agua no solo ha afectado a la población en términos de acceso doméstico, sino que también ha impactado negativamente a pequeños propietarios agrícolas, cuyos modelos de producción eran colectivos. Las concesiones otorgadas por CONAGUA han beneficiado principalmente a grandes empresarios, a expensas de la estabilidad ecológica de la región. Según Héctor Macías, presidente de la organización Alzando Voces A.C., "no es posible que se esté extrayendo, que CONAGUA sepa sobre la extracción ilimitada del agua del subsuelo, y no haga nada para saber quiénes son los responsables de esta sobreexplotación".
Pese a que la ley establece desde los años noventa vedas para el otorgamiento de nuevas concesiones de agua en la Comarca, estas no han sido respetadas. En respuesta, diversos grupos ambientales han recurrido a estrategias legales para forzar a las dependencias federales a cumplir con sus obligaciones. Francisco Valdés Pérezgasga, presidente de Prodefensa del Nazas, destaca la importancia de estas herramientas legales: "Esperamos que estas herramientas jurídicas cada vez se conozcan más y más grupos ciudadanos, para que lluevan los amparos y se empiece a corregir, en todo el país, este problema".
En un fallo reciente, un juez federal sancionó administrativamente a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), María Luisa Albores, y al director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Germán Martínez, por no cumplir con un mandato de la Corte que les obliga a presentar un proyecto para la recuperación del acuífero lagunero. Según Valdés Pérezgasga, lo que sigue es que "CONAGUA y SEMARNAT saquen su programa conjunto y entremos nosotros a revisarlo y sugerir cambios".
Mientras las autoridades no tomen acciones firmes, La Laguna enfrenta el riesgo de convertirse en una región desértica, afectando tanto a la población como al entorno natural, un escenario que recuerda a las distopías retratadas en el cine y la literatura.
23 rutas del transporte público suspenderán temporalmente su recorrido y dos rutas más modificarán su trayecto por una rodada ciclista, un torneo de básquetbol y cierres viales
Las actividades se desarrollarán en las colonias Tetlán, Santa Teresita y Ladrón de Guevara de Guadalajara. La Secretaría de Transporte (Setran), informa que este sábado 5 de abril, se realizarán dichos ajustes temporales en el servicio de transporte público
El primer evento es una rodada que se realizará a partir de las 9:00 horas en Tetlán, con inicio en el parque ubicado en la avenida San Jacinto esquina con avenida Francisco Javier Mina.
Los ciclistas avanzarán en sentido de la circulación vehicular hasta la calle Pablo Valdez para seguir por Fernando Solís, Francisco Domínguez, avenida Malecón y Gigantes, e ingresarán al parque ubicado en este punto para terminar el recorrido.
También se llevará a cabo una competencia de básquetbol a las 16:00 horas sobre la calle Juan Álvarez, entre Agustín de Iturbide y Andrés Terán, en Santa Teresita; lo que afectará de manera parcial la circulación vehicular en esta zona.
Finalmente, se prevé el cierre temporal de la calle Manuel Acuña, entre otras vialidades de la colonia Ladrón de Guevara, a partir de las 16:30 horas del sábado.
Las pruebas de ADN forense no son infalibles y pueden tener limitaciones, como la contaminación de muestras o la degradación del ADN.
En los últimos años se ha tenido la idea entre la población, que la investigación genética y las pruebas de ADN podrían ayudar a identificar de manera más rápida a los cientos de restos humanos que se sigue encontrando; pero las cifras dicen lo contrario. Costos, tiempos de espera, calidad de las muestras de tejido, falta de base de datos concatenadas a otros sistemas, son algunos elementos que complican la identificación forense por pruebas de ADN.
En 2018, expertos de la Universidad Goethe elaboraron un informe en el que ya se advertía sobre el exceso de confianza depositado en las pruebas de ADN como mecanismo de identificación en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El estudio señalaba que otras pruebas, como las odontológicas y dactilares, no se utilizan ni se consideran con el mismo peso que las genéticas, a pesar de que pueden ofrecer mayor precisión.
El informe revelaba que las necrodactilias solo se recolectan cuando lo solicita un agente del Ministerio Público. También indicaba que frecuentemente se omite información médica, dental, antropológica y otros elementos esenciales del archivo básico, lo que invalida cualquier posibilidad de identificar cuerpos mediante métodos alternativos.
Asimismo, se detectó que, aunque existe un software para la comparación de perfiles genéticos, no se han establecido prácticas para compartir la información con otras instituciones forenses. Esto limita gravemente la colaboración interinstitucional y el alcance de las búsquedas.
En muchos casos, incluso cuando los cuerpos han sido identificados mediante otras pruebas, su entrega se retrasa con el argumento de que aún deben realizarse análisis de ADN.
"Ahora, el problema es cuando tenemos, por ejemplo, muestras biológicas con mucha degradación o muy degradadas, que fueron quemadas, que fueron sometidas a ácidos, que fueron sometidas a diferentes reactivos químicos, ahí se complica porque como el ADN está degradado, ya no puedes identificar todos esos segmentos de ADN y te quedas con menos, te quedas con 10, con 12, con 13, con 9, y a veces estos no son suficientes para obtener valores de razón de verosimilitud o índices de paternidad, hermandad, debilidad, como le comentaba ahorita, muy altos, y aquí es cuando la prueba se vuelve un poco ambigua porque ya no tienes valores tan elevados y la probabilidad de que otra persona sea el familiar de ese individuo pues se vuelve alta. Entonces, como le decía ahorita en síntesis, todos son informativos, todos son útiles, pero también en algunos casos tienen sus debilidades", expresó José Alonso Aguilar Velázquez, coordinador de la maestría en Genética Forense e Identificación Humana de la UdeG
Expertos reconocen que gran parte de las esperanzas de las personas que buscan a familiares desaparecidos se concentra en la creación de una base nacional de datos genéticos. No obstante, se han dejado de lado otras herramientas de investigación científica que resultan complementarias y valiosas para lograr una identificación.
Otro factor relevante es el costo de las pruebas genéticas. En muchos casos, aun cuando se requiere su realización, los recursos económicos disponibles impiden llevarlas a cabo.
La crisis de personas desaparecidas en Jalisco rebasó las capacidades institucionales y evidencia la necesidad urgente de aplicar todos los recursos disponibles para la identificación forense. Apostar exclusivamente por pruebas de ADN ha demostrado ser insuficiente.