El pasado 8 de marzo, Saltillo vivió un Día Internacional de la Mujer marcado por dos marchas con enfoques distintos. La primera, compuesta exclusivamente por mujeres, terminó sin incidentes en la Plaza Tlaxcala. La segunda, en la que participaron colectivos trans, finalizó en el Congreso del Estado y se tornó polémica tras la detención de cinco manifestantes.
Según la periodista Lucía Pérez Paz, aunque las marchas transcurrieron en aparente calma, en la del Congreso se registró la rotura de vidrios en el edificio. Sin embargo, las detenciones no ocurrieron en el momento de los hechos, sino después, cuando las autoridades identificaron a las presuntas responsables por su vestimenta y complexión. Uno de los casos más criticados fue la aprehensión de una mujer trans por diez policías hombres, en contra de los protocolos establecidos.
La situación escaló cuando colectivos feministas y abogadas acudieron al Ministerio Público, encontrando el recinto cercado por elementos antimotines. Tras cuatro horas detenidas, las mujeres fueron liberadas, denunciando malos tratos y violencia institucional.
En paralelo, 23 hombres fueron arrestados en el centro de Saltillo por arrojar agua y escupir a mujeres que habían participado en la marcha. No obstante, estos individuos pasaron menos de dos horas detenidos y fueron liberados tras pagar una multa, sin que se hablara de medidas de sensibilización.
Las declaraciones oficiales intentaron minimizar el conflicto. La líder del Congreso, Luz Elena Morales, aseguró respetar la libertad de expresión y justificó el uso de extintores en la manifestación, negando el uso de gas lacrimógeno. Mientras tanto, el fiscal estatal insistió en que la jornada concluyó con "saldo blanco", pese a la evidencia de forcejeos y violencia policial.
El caso ha reavivado el debate sobre la represión a las manifestaciones feministas y la falta de consecuencias para agresores en el contexto de las marchas del 8M en Coahuila.