En diciembre de 2017, Vanessa Gaytán Ochoa de 25 años de edad, denunció ante el Centro de Justicia para la Mujer que sufría de violencia intrafamiliar y amenazas de parte de su esposo Irvin Emanuel Ramírez Barajas de 29 años de edad.
Una segunda denuncia fue presentada en febrero de este año, en ambas ocasiones la autoridad dictó medidas cautelares de protección a Vanessa, ordenando a las policías de Guadalajara y del estado reforzar la vigilancia en torno a su casa, además de restringir a su esposo acercarse a ella o a su hija.
Actualmente la Fiscalía General del Estado ha otorgado más de 940 órdenes de protección ante denuncias de amenazas o violencia intrafamiliar.
Según la versión de la autoridad, el jueves por la mañana cuando Vanessa se dirigía a su trabajo antes de las 9 de la mañana, se percató de que su ex pareja la venía siguiendo, por lo que llamó a su abogado para informarle de lo que estaba pasando, el abogado le aconsejo buscar una patrulla o acercarse a Casas Jalisco, donde siempre hay policías resguardando la residencia del Gobernador, quien en ese momento se encontraba en reunión con el Fiscal General, el Secretario de Seguridad y el coordinador del gabinete de seguridad.
La mujer acudió con el policía uniformado de la policía estatal que está asignado al cuidado de casa Jalisco, en la esquina de Manuel Acuña y la calle de Montreal, cuando en forma repentina el esposo a bordo de un auto arrollo en forma intencional a Vanessa y al policía estatal.
Irvin Emanuel, luego de atropellar a Vanessa y al policía, sale del auto con cuchillo en mano, lesiona de muerte a su esposa, al provocarle graves lesiones en el cuello. Un custodio del Fiscal General, ubicado en la misma esquina, al percatarse de la agresión intenta proteger a la mujer disparando contra el agresor, provocándole la muerte. Todo esto ocurrió en segundos.
De esta forma Vanesa se convierte en la víctima número 13 por feminicidio en Jalisco.
Las autoridades advierten que investigarán si hubo omisión en la aplicación de las medidas cautelares por parte de las policías o Fiscalía General , ofrecen que se revisaran los protocolos de seguridad ante amenazas de violencia intrafamiliar y se propondrán nuevas medidas que garanticen la seguridad de las mujeres amenazadas.