Tom Homan, el zar fronterizo de Trump junto con Stephen Miller, nombrada jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, diseñó la política que separó a miles de familias en el primer mandato del republicano y Kristi Noem, defensora de las políticas antimigrantes, fue nombrada secretaria de seguridad nacional.
Ellos son los encargados de aplicar medidas extremas contra indocumentados. Esta ley sólo se ha aplicado en tres ocasiones, permite expulsar a extranjeros declarados como enemigos.
El congreso tendría que avalar el estado de guerra. Otra media es eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para expulsar a hijos de indocumentados, garantía constitucional que Trump no puede modificar; una orden ejecutiva en ese sentido sería inconstitucional.
Se busca eliminar la aplicación CBP One para solicitar asilo y cancelar el TPS o estatus de protección temporal y el permiso humanitario, para expulsar a 1.3 millones de extranjeros con esta protección. pero, el primer objetivo son 1.5 millones de extranjeros con orden de deportación o antecedentes criminales el zar fronterizo lidiará con autoridades de las 180 ciudades y 11 estados santuario, que no apoyan redadas e informan a los migrantes sus derechos.
Las medidas extremas afectarían a 28 millones de personas, ciudadanos e indocumentados, incluidos 20 millones de latinos..
Aunque expertos ven poco probable deportar a todos los indocumentados, señalan que si los expulsaran la economía de Estados Unidos podría caer hasta 6 por ciento.
Con información de Abel Martínez