PASA cobra millones por recolección de basura en Torreón

El impacto económico de la violencia en México durante 2024 alcanzó los 4.5 billones de pesos, cifra que representa aproximadamente el 18 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según el Índice de Paz México 2024 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP)

Aunque esta cifra es elevada, muestra una ligera reducción respecto al año anterior, cuando el costo fue de 4.9 billones de pesos, equivalente al 19.8 % del PIB.

Este impacto económico se distribuye principalmente entre los homicidios, que constituyen el 38 % del costo total, con un valor aproximado de 1.7 billones de pesos (unos 85 mil millones de dólares), y los crímenes violentos como robos, asaltos y agresiones sexuales, que representan el 33 %, con un costo de 1.5 billones de pesos (75 mil millones de dólares).

El informe destaca que el gasto público en salud y educación es considerablemente menor en comparación con el costo de la violencia, siendo el impacto económico de esta última casi seis veces mayor que la inversión en salud y cinco veces superior a la destinada a educación en 2024.

A pesar de que México ha mostrado una leve mejora en sus niveles de paz durante 2024 -un aumento marginal del 0.7 % que marca el quinto año consecutivo de avance-, las tasas de homicidios y delitos cometidos con armas de fuego continúan siendo motivo de preocupación. Carlos Juárez Cruz, director en México del IEP, señaló que esta mejora es muy pequeña y no representa un cambio sustancial en la situación general de violencia

En términos históricos, México es menos pacífico que hace una década. El deterioro acumulado en los indicadores criminales desde 2015 es del 13.4 %, con un aumento del 54.7 % en homicidios y un crecimiento del 71.2 % en delitos cometidos con armas de fuego.

La violencia vinculada al crimen organizado también ha crecido notablemente, con un incremento del 45.5 % en extorsiones y un alarmante aumento del 161 % en delitos relacionados con el narcotráfico minorista desde 2015.

La percepción social sobre la inseguridad sigue siendo alta. Según el informe, el 73.6 % de la población mexicana considera que vive en un entorno inseguro, aunque esta percepción ha mejorado desde su punto más crítico en 2018. Juárez Cruz mencionó que existe una desconexión entre el nivel de miedo y las experiencias reales de inseguridad, lo que podría indicar una normalización de la violencia en la sociedad.

En cuanto a la inversión en seguridad, México destina apenas el 0.7 % de su PIB a la seguridad pública y al sistema judicial, cifra que es menos de la mitad del promedio en América Latina y en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Esta insuficiente asignación de recursos, sumada a los altos niveles de corrupción e impunidad, limita los esfuerzos para reducir la violencia de manera sostenible. La corrupción y la ineficiencia administrativa son factores clave que alimentan la violencia, al favorecer la impunidad y restringir los recursos disponibles para combatir el crimen

El informe recomienda fortalecer las instituciones de justicia, combatir la corrupción y ampliar las oportunidades económicas para los jóvenes como medidas fundamentales para construir una paz duradera en México.

En este sentido, Juárez Cruz evaluó la política de seguridad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) como poco clara, pero calificó de "prometedor" el enfoque presentado por la administración actual encabezada por Claudia Sheinbaum, quien lleva poco más de nueve meses en el cargo.

Destacó que se observan más decomisos de drogas, arrestos constantes y una estrategia de seguridad pública nacional más definida, aunque reconoció que aún es temprano para hacer una evaluación completa.

Roselio Manuel "N", agente de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, fue vinculado a proceso por los delitos de cohecho y abuso de autoridad, tras presuntamente exigir dinero a cambio de no detener dos camiones de carga que circulaban sin placas en la colonia Álamo Industrial, en Tlaquepaque.

La resolución fue emitida la tarde del lunes 12 de mayo por el Juez Octavo de Control y Oralidad, Javier García Muñoz, durante una audiencia en los juzgados de Puente Grande. De acuerdo con el Código Penal del Estado de Jalisco, se considera cohecho cuando un servidor público solicita dinero u otra dádiva para realizar o dejar de realizar actos vinculados con su cargo, mientras que el abuso de autoridad se configura al ejecutar actos que violen derechos constitucionales.

Los hechos ocurrieron el 29 de agosto de 2023, cuando el ahora procesado, acompañado por otro agente aún no identificado, detuvo en convoy a dos camiones y un automóvil. Tras solicitar documentos y licencias, los oficiales acusaron a los conductores de portar documentos apócrifos y amenazaron con asegurar las unidades.

Al lugar acudió el representante legal de la empresa transportista, quien presentó pruebas de autenticidad de los documentos. Sin embargo, los oficiales exigieron inicialmente $50,000 pesos para no proceder con la detención. Ante la negativa del representante, terminaron aceptandonueve mil pesos.

Posteriormente, el hecho fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que inició una carpeta de investigación. Tras reunir pruebas suficientes, se presentó al agente ante la autoridad judicial.

Como medida cautelar, el juez ordenó que Roselio Manuel "N" se presente a firmar cada quince días ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECAS) durante seis meses. Además, tiene prohibido salir del estado o del país sin autorización judicial y no podrá acercarse ni comunicarse con las víctimas.

Intensa movilización de unidades de emergencia se registró la tarde del lunes 12 de mayo tras el reporte de un fuerte incendio en los límites de Tamazula de Gordiano con Mazamitla.

La unidad de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco dio a conocer este lunes que se detectó el inicio de un incendio en el predio conocido como El Canelo en el municipio de Mazamitla, por lo que se movilizaron 50 combatientes forestales, brigadas de la región centro y sureste, Conafor y Trojes atendieron a las labores para sofocar el fuego.

Esta mañana el comandante Sergio Ramírez López, director general de Protección Civil Jalisco informó que dos brigadas más se encontraban en camino para reforzar el ataque en la línea de fuego.