En sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros otorgaron un amparo al Instituto Federal de Defensoría Pública, ente que reclamó que en seis años, el Gobierno de Jalisco y el Congreso del Estado fue omiso en crear la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura en la entidad.
Esta institución debía ser creada porque diversas leyes federales así lo establecen, pero ni el Ejecutivo atendió el tema, ni el Legislativo. El organismo público impugnó que no existe un ente gubernamental para dar seguimiento a los casos de tortura.
Con tres votos a favor de los ministros Yazmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Javier Laynez Potisek y dos en contra de los ministros Luis María Aguilar Morales y el presidente Alberto Pérez Dayán, la resolución de la Corte determina que el Congreso de Jalisco debe sesionar lo antes posible y conformar la Fiscalía Especializada en la investigación de delito de tortura.
Organismos de la sociedad civil y activistas de los derechos humanos celebraron esta resolución de la Suprema Corte.