La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este miércoles al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se invaliden las candidaturas de personas que tengan vínculos con el narcotráfico y que buscan participar en la primera elección popular del Poder Judicial, que se celebrará el próximo 1 de junio.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que, aunque algunos de estos aspirantes ya aparezcan en las boletas electorales, podrían aplicarse medidas para impedir que continúen en la contienda. "Desde mi punto de vista, podría ponerse una medida precautoria o descalificar a la persona", afirmó.
Su pronunciamiento ocurrió luego de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, admitiera que en las listas de aspirantes hay personas que han defendido a narcotraficantes y ahora buscan formar parte del sistema judicial mexicano.
Además, la organización civil Defensorxs denunció públicamente que al menos 13 candidatos presentan antecedentes preocupantes, entre ellos relaciones con el crimen organizado, delitos sexuales y pertenencia a sectas.
En su plataforma digital "Justicia en la mira", destacaron casos como el de Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín El Chapo Guzmán, y Francisco Herrera Franco, acusado de pactos con criminales y señalado por su presunta implicación en el asesinato de dos periodistas en Michoacán.
Frente a estas acusaciones, Sheinbaum recalcó que cualquier ciudadano puede presentar una queja si detecta que un candidato no cumple con los requisitos que marca la Constitución, como la probidad o tener al menos una calificación de 8 en sus estudios universitarios. Sin embargo, recordó que será el Tribunal Electoral quien tenga la última palabra.
Esta situación ha generado una gran polémica, ya que la elección judicial del 1 de junio será la primera en la que los ciudadanos podrán votar directamente por jueces, magistrados y ministros. En total, están en juego 881 cargos entre 3,422 candidatos, incluyendo puestos en la Suprema Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.
Las campañas comenzaron el 30 de marzo y han estado marcadas por las críticas de la oposición, advertencias de jueces en funciones y de organismos internacionales como la ONU, que han alertado sobre el riesgo de injerencias del crimen organizado y del poder Ejecutivo en un proceso que debería garantizar la independencia del Poder Judicial.
