El congreso de Sonora acordó prohibir las terapias de conversión sexual, convirtiéndose así en el estado numero 13 en prohibir estas prácticas, en las cuales se pretendía anular o modificar la identidad de genero y la orientación sexual de las personas de la comunidad LGBTQ+
Gracias a esta modificación a la ley, las penas por realizar estas terapias varían de entre 2 a 6 años de prisión, de 150 a 300 días de servicio comunitario, una multa correspondiente a la agresión y la obligación de reparar el daño a la victima. Además que todo personal de salud que se presté a esta, ahora ilegal práctica, podrá perder la licencia para ejercer su profesión.