Ambientalistas urgen Parlamento Abierto para revisar Ley de Biodiversidad
La organización ambientalista Greenpeace ha reiterado su exigencia de un Parlamento Abierto para discutir la iniciativa de Ley General de Biodiversidad (LGB), presentada el 12 de febrero de 2025 en el Senado mexicano
Esta propuesta abroga la actual Ley General de Vida Silvestre y busca regular la protección de especies, ecosistemas y servicios ambientales en un país que alberga entre el 10% y 12% de la biodiversidad planetaria, con alto porcentaje de especies endémicas.
Según la organización, México ha perdido 127 especies de vertebrados y plantas con flores (58% endémicas) y 217,103 hectáreas anuales de bosques entre 2001 y 2023, principalmente por cambio de uso de suelo. Los humedales han visto reducida su superficie original en 62%, mientras que las dunas de manglares han disminuido en 15%, equivalentes a 150 mil hectáreas destruidas.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) propone seis ejes críticos para mejorar la iniciativa respaldadas por Greenpeace:
- Garantizar el derecho humano a un ambiente sano mediante mecanismos claros de conservación y manejo de biodiversidad, incluyendo acceso a conocimientos tradicionales de pueblos indígenas.
- Integrar compromisos internacionales en políticas públicas, programas y presupuestos, vinculando biodiversidad con cambio climático, especialmente en adaptación.
- Establecer obligaciones estatales para restaurar ecosistemas, con participación complementaria de propietarios de tierras.
- Crear una Estrategia Nacional de Biodiversidad con indicadores de cumplimiento y evaluación de resultados.
- Proteger vida silvestre manteniendo estándares de bienestar animal y prohibiendo actividades mineras en Áreas Naturales Protegidas (ANP).
- Priorizar ecosistemas críticos como manglares, humedales y bosques mediante programas de manejo con límites de capacidad de carga.
La propuesta actual omite la prohibición expresa de minería en ANP, contenida en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)
Esta omisión, podría debilitar protecciones ambientales en las 32 entidades federativas. Además, la falta de claridad en mecanismos de implementación y participación ciudadana amenaza con perpetuar la degradación ecológica, señalan.
La organización enfatiza que un Parlamento Abierto permitiría a académicos, comunidades indígenas, propietarios de tierras y sociedad civil enriquecer la iniciativa. Este proceso garantizaría que la ley no solo cumpla con estándares internacionales, sino que también responda a las necesidades locales y priorice la justicia ambiental.
Para la organización, la LGB debe trascender lo técnico y convertirse en un instrumento que reconozca la interdependencia entre salud humana, economía y naturaleza, puesto que, la pérdida acelerada de ecosistemas no solo afecta especies, sino que compromete servicios esenciales como regulación hídrica, polinización y mitigación de desastres naturales