Con 318 votos a favor, 121 en contra y 3 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, tanto en lo general como en lo particular, el dictamen que endurece el castigo a la defraudación fiscal, mediante facturas falsas, empresas fantasma u otras contratadas para reducir o eliminar las responsabilidades de una empresa ya establecida.
Con esto la defraudación fiscal, se equipara al tráfico de drogas como crimen organizado e indica que tanto el que provee de facturas con datos falsos o contrarios a la realidad así como el que las obtiene son corresponsables de un delito, si procede, habrá prisión preventiva oficiosa, la penalidad de delito grave, y según el caso la extinción de dominio es decir, la pérdida de los derechos sobre sus bienes si no se prueba su procedencia lícita.