Atlanta anuncia que deja de colaborar con ICE
Atlanta firmó una orden que exige al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) del gobierno de Estados Unidos transferir a todos sus inmigrantes arrestados fuera de la cárcel de la ciudad y que no permitirá más detenidos de esa agencia federal.
La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, firmó la víspera dicha orden ejecutiva que instruye al jefe de correccionales de la ciudad, Patrick Labat, que deje de aceptar a los detenidos ICE y solicite que la agencia federal transferir a los restantes fuera de la cárcel de la ciudad tan pronto como sea posible.
La medida del alcalde demócrata se produce en medio de la aplicación de la política de inmigración de "cero tolerancia" de la administración del presidente Donald Trump en la frontera sur, que ha dividido a muchas familias inmigrantes.
"Atlanta ya no será cómplice de una política que inflija intencionalmente miseria a una población vulnerable sin pensar en las terribles consecuencias", dijo Bottoms en declaraciones a la prensa.
El secretario local de Estado, Brian Kemp, candidato republicano a la gobernación de Georgia, criticó la medida y dijo que Atlanta debe enfocarse en limpiar la corrupción y detener la delincuencia, sin crear más.
Hasta el miércoles solo había cinco arrestados por parte ICE en el centro de detención de la ciudad de Atlanta, frente a 205 en junio. El número ha disminuido debido a que ICE los ha liberado, deportado a otros y transportado a algunos a sus otros centros en Folkston, Lumpkin y Ocilla.
La medida de Bottoms se produjo el mismo día en que la administración Trump anunció nuevas medidas para dejar sin efecto un decreto de consentimiento de 1997 llamado "Acuerdo de Flores" que limita la capacidad del gobierno para detener a niños inmigrantes. El cambio de reglas propuesto permitiría al gobierno detener a niños inmigrantes con sus padres por más de 20 días.
Otras comunidades de todo el país están reconsiderando también sus relaciones con ICE en medio de la represión de la administración Trump contra la inmigración ilegal, entre ellos Sacramento (California), cuyos funcionarios votaron en junio contra la renovación de un contrato multimillonario con el ICE para detener a personas de la agencia federal en una cárcel del condado.
Ese mismo mes, el Concejo Municipal de Springfield, Oregon, votó a favor de terminar un contrato de ICE por mantener a sus detenidos en una cárcel de la ciudad.