Pocas garantías a familias de desaparecidos

Pocas son las garantías que se ofrecen a las víctimas del delito de desaparición forzada a pesar de que los informes hablan 40 mil 180 las personas desaparecidas, de acuerdo con esas cifras oficiales; que hay mil 100 fosas clandestinas y más de 26 mil cuerpos sin identificar según datos de la Secretaría de Gobernación, siendo catalogado como una "tragedia humanitaria" y una "emergencia nacional forense", por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Aún cuando en el Boletín Oficial del Estado ya quedó publicada la reciente ley que crea el Comité de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sonora, no se ha emitido la convocatoria para nombrar a sus integrantes y por lo tanto no se ha destinado un presupuesto. 

Las familias de las personas desaparecidas sufren violaciones de sus derechos económicos y sociales al negarles beneficios como el otorgamiento de una pensión, la recepción de salarios sobrevinientes, la garantía de la asistencia social y el acceso a las cuentas bancarias.  

Esto genera un impacto en la economía familiar, el 66% de éstas manifestaron que la víctima desaparecida era el principal sostén económico de la familia y, por ende, en el 83% de los casos, tras la privación de su libertad, otra persona tuvo que asumir el rol de principal proveedora del hogar.  

Las familias pueden acudir a la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito y Asesoría Jurídica, un órgano administrativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, así mismo buscar el acompañamiento por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos quienes conocen el protocolo homologado de atención a víctimas de desaparición forzada.