Con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia política de género, el Instituto Nacional Electoral aprobó un acuerdo que obliga a los aspirantes a cargo público a comprobar que nunca han sido denunciados o sentenciados por violencia familiar, sexual o de género o deudores de pensión alimenticia, de comprobarse perderá su derecho a registrarse para contender, esto con el objetivo de sentar la bases para eliminar no solo la violencia política de género sino un cambio social real y palpable libre de violencia para todas las mujeres en el futuro próximo.
Indicó que con este acuerdo, todas las oficinas del INE a nivel nacional podrán recibir denuncias ciudadanas ya sea de aspirantes o votantes para dar seguimiento a la situación de la que fueron víctimas, pues los contendientes están obligados a comprobar su forma honesta de vivir, primero como aspirantes y nuevamente cuando ya son elegidos a través del voto.