Buscan castigos más severos por violencia familiar
La diputada de Morena en el Congreso del Estado, Marcela Valenzuela Nevárez, propuso castigos más severos e incluso la pérdida de la patria potestad en casos de violencia familiar.
En su iniciativa, la legisladora plantea que quienes cometan el delito de violencia familiar enfrenten penas de uno a seis años de prisión, así como la pérdida de los derechos que tengan respecto a la víctima, incluidos los de alimentos, sucesión y la prohibición de acudir o residir en determinado lugar.
Valenzuela Nevárez destacó que, cuando la víctima sea un menor de edad, el agresor podrá ser condenado a la pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad, según las circunstancias del caso.
"Los abusos sufridos en México por personas con discapacidad incluyen violencia física, sexual, abuso psicológico, descuido, confinamiento y amenazas verbales. En algunos casos, las personas adultas con discapacidad han padecido abusos desde su infancia, incluso por parte de sus propios padres", señaló.
Agregó que cuando la violencia se dirija contra una mujer embarazada o una persona con discapacidad, la pena aumentará hasta en una mitad en su mínimo y máximo.
La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, reforma el artículo 234-A del Código Penal del Estado de Sonora y establece que, bajo ninguna circunstancia, se debe permitir la violencia contra los sectores más vulnerables de la población.
Se considera violencia familiar cualquier forma de abuso, maltrato o negligencia que sufra un niño o un adulto por parte de un miembro de la familia o de alguien con quien tenga una relación cercana.
Este fenómeno social ocurre en casi todos los países del mundo y se define como el uso intencionado y repetido de la fuerza física o psicológica para controlar, manipular o dañar a un integrante de la familia. Puede manifestarse también como abuso psicológico, sexual o económico y se da entre personas vinculadas afectivamente dentro del hogar.
