Entre el 7 y el 11 de agosto, en Sonora, fueron detenidos siete niños sicarios, de entre 11 y 13 años, en dos operativos distintos realizados por la Fiscalía General de la República (FGR) en Santa Ana y Átil, ubicados en la zona noroeste del Estado, cerca de la línea fronteriza con Estados Unidos.
De acuerdo con los reportes de la FGR, a los menores se les aseguraron fusiles de asalto y chalecos balísticos, y colaboraban de forma directa con grupos criminales de la zona.
Francisco Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora, destacó que la principal responsabilidad recae en los padres, quienes no proporcionan la atención adecuada a los menores. Esto ocurre, en parte, porque las acciones de los niños no tienen repercusiones legales para los padres.
"Siempre he sostenido que los padres deben tener responsabilidad, incluso penal. ¿Por qué? Porque no brindaron la vigilancia adecuada a sus hijos y, a veces, ni siquiera los cuidan."
Explicó que los menores consignados a un procedimiento judicial especial con internamiento preventivo son niños que carecen del cuidado adecuado por parte de sus padres. Además, no están desarrollados físicamente, pues no tienen la fuerza para cargar un fusil ni la capacidad para entender un acto criminal.
Víctor Hugo Enríquez, secretario de Seguridad en Sonora, dijo que los grupos criminales continúan reclutando menores de edad para actividades ilícitas, lo cual es preocupante tanto para la sociedad como para las autoridades.
Francisco Javier Romero Córdova, psicólogo de la Universidad de Sonora, explicó que esta problemática está relacionada con factores sociales, familiares y comunitarios en los que se desenvuelve el menor en situaciones relacionadas con el crimen organizado.
En gran medida, añadió, el reclutamiento de niños para el crimen organizado no es percibido por los padres de familia como algo grave, negativo o nocivo, sino que lo consideran una idea válida.
"Podemos hablar de factores de alta permisividad, que permiten la presencia de conductas disruptivas o transgresoras de las normas, reglamentos y leyes sociales. La permisividad, entonces, contribuye a que se desarrollen estos comportamientos."
Según abogados y expertos en derecho, no existe un castigo penal para los padres de familia