En los últimos meses, las protestas ciudadanas con bloqueos de calles y el consecuente caos vial se han vuelto más comunes en Hermosillo.
Una de las últimas manifestaciones terminó con la detención de dos personas acusadas por la Fiscalía General de Justicia de obstrucción vial, algo inédito en la comunidad.
El 5 de enero, Lamberto González fue reportado como desaparecido por sus familiares ante la Fiscalía estatal. Los dos días siguientes, realizaron bloqueos viales y protestas frente a la Fiscalía exigiendo su localización.
El 7 de enero, mientras los familiares bloqueaban el bulevar Rosales y Luis Encinas, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, acompañados del personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), detuvieron a Hernando "N" y Óliver "N", padre y hermano de Lamberto. Según la Fiscalía, fueron detenidos por los delitos de desobediencia o resistencia de particulares, daños y delitos contra el normal funcionamiento de las vías de comunicación.
"Está mal eso, por qué se los trajeron, por qué los detuvieron inocentemente, yo no sé por qué están aquí. Se los trajeron, los subieron allá y los trajeron como animales", manifestó.
A tres semanas de los hechos, Lamberto sigue desaparecido, mientras que Hernando y Óliver fueron vinculados a proceso.
De acuerdo con el Código Penal del Estado de Sonora, se establece una sanción de tres días a tres años de prisión y una multa de mil 131.40 a 16 mil 971 pesos a quienes obstaculicen dolosamente el tránsito en una vía estatal o vía pública.
Raúl Guillén López, abogado especializado en derechos humanos, explicó que los representantes legales de los ayuntamientos deben interponer una querella ante la Fiscalía General de Justicia para proceder con la detención de los manifestantes. Sin embargo, en ocasiones no se lleva a cabo este procedimiento, dependiendo de si el tema de la protesta afectará o no la imagen del gobierno.
"Aquí caemos en la discrecionalidad, el ayuntamiento valora, las autoridades estatales valoran también si proceder o no proceder en los casos específicos y es como ellos sacan sus estándares, su impacto mediático, político y toman la decisión dependiendo del caso en concreto", puntualizó.
El abogado agregó que las protestas ciudadanas son legales como parte del derecho a la libertad de manifestación, siempre y cuando no afecten ni obstruyan actividades económicas, laborales o la movilidad de la población.