Considerado como el mayor desastre ambiental en la historia de México, este martes 06 de agosto se cumplen cinco años del derrame de lixiviados de cobre en la cuenca del Río Sonora, mismo que con graves afectaciones marco de forma definitiva no solo al medio ambiente, sino la vida social, económica y la salud de los habitantes de la región.
Fue el 05 de agosto del 2014, cuando una falla en las líneas de conducción de una de las presas de jales en la Minera Buenavista del Cobre, generó el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados, mismos que llegaron de manera inicial al arroyo Bacanuchi, para extenderse sin control alguno sobre las aguas del Río Sonora.
Los daños generaron afectaciones para 22 mil habitantes en siete municipios de la región tanto al consumo de agua, producción agric9oila y ganadera, por lo que se anunció un fideicomiso especial por hasta dos mil millones de pesos para apoyar a los damnificados.
Sin embargo, de una forma poco clara en el año 2017 se declaró el cierre de operación de dicho mecanismo, con solo una aplicación cercana a los mil 700 millones de pesos, quedando pendientes recursos cercanos a los 700 millones de pesos para su ejecución.
La investigadora Reyna Castro Longoria, señaló que existe la esperanza de que este mecanismo pueda ser abierto una vez más, para lo cual se desahogará un procedimiento legal interpuesto por vecinos de la región, ello el próximo miércoles 07 de agosto en la Suprema Corte de justicia de la Nación.
"Efectivamente, por ahí decían abrir más el fideicomiso, por ahí hay una cláusula que dice que hasta que no se tenga el resarcimiento de la última queja de quien este afectado, lo cerraron, pero bueno sabemos cómo muchas veces se manejan las cuestiones políticas"
Sobre este tema, quedan pendientes por resolver como la instalación de plantas tratadoras de agua, ya que inicialmente se programó la construcción de treinta equipos en la zona afectada, y solamente se ha instalado una.
Otro incumplimiento fue la construcción de la clínica especializada para dar seguimiento a los afectados, quedando operando solamente una unidad de vigilancia epidemiológica, la cual cesará sus funciones a partir de este martes, a pesar de que el compromiso era dar seguimiento a los afectados por un periodo de 15 años.