Dice Noroña que "todo bien" con la Reforma Judicial

Durante su visita a Sonora, el Presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial Federal en 2025 no representará complicaciones significativas. Explicó que, en esta primera etapa, se elegirán en Sonora solo 10 jueces y 13 magistrados, un número considerablemente menor en comparación con otras entidades del país.

El senador del Partido del Trabajo destacó que el Senado de la República está trabajando de la mano con el Instituto Nacional Electoral (INE) en la organización de la logística necesaria para asegurar que toda la ciudadanía tenga acceso a una elección libre y transparente. Señaló que esta colaboración con el INE es fundamental para garantizar la participación ciudadana en un proceso que resulta inédito para el sistema judicial en México.

"Solamente en 10 estados de la república el número de jueces y magistrados a elegir es significativo; en el resto, la cifra es menor, lo que reduce las dificultades operativas para llevar a cabo el proceso electoral sin contratiempos", puntualizó Fernández Noroña.

Además, informó que en su momento el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, deberá enviar al Congreso local una propuesta de reforma para armonizar el Poder Judicial del estado con el federal. Esto permitirá que Sonora se sume a la elección popular de jueces y magistrados a nivel local, marcando un paso importante hacia la modernización y democratización de la justicia en la entidad.

De qué trata

La reforma judicial en México propone la elección de magistrados y jueces federales mediante voto popular, una medida inédita que involucra cerca de 2,000 cargos a partir de 2025. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial propondrán listas de candidatos para que la ciudadanía elija. Además, plantea una presidencia rotativa en la Suprema Corte cada dos años basada en los votos de cada candidatura. La reforma reduce los periodos de jueces y ministros, disminuye el número de magistrados en la Suprema Corte y Tribunal Electoral, elimina la pensión vitalicia de ministros, y establece un nuevo ente disciplinario y administrativo independiente para gestionar la carrera judicial y presupuesto. Aunque se limita al ámbito federal, deja pendiente una posible reforma judicial a nivel local.