En el año 2016, Roberto duró nueve meses en prisión preventiva en un centro penitenciario de Hermosillo, cuando recién comenzaba a operar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México.
En su testimonio, narró que los nueve meses que duró recluido se debieron a que las autoridades de justicia del Estado de Sonora no encontraron las pruebas necesarias para probar los cargos que se le imputaron.
Aunque el sistema penal acusatorio prevé prisión preventiva por un periodo de seis meses para la investigación de los hechos, consideró que las autoridades abusan de este mecanismo, ya que la mayoría de los reclusos bajo este esquema duran hasta dos años en investigación.
"Los casos que han salido en medios de comunicación son situaciones que no entiendo por qué tardan tanto, cuando la ley establece un plazo de seis meses para la acción complementaria, y se exceden de ese tiempo; eso sí es un abuso."
En Sonora, hasta junio, se contabilizan 2,033 personas en prisión preventiva, ya sea de manera oficiosa o justificada, mientras avanza la investigación de cada caso.
La prisión preventiva oficiosa está prevista para un catálogo de delitos que involucran violencia, como asesinato, feminicidio, delitos sexuales, entre otros, y debe ser decretada por un juez.
Pero, por otra parte, la ley también contempla la prisión preventiva justificada, que es aquella en la que el imputado llevará su proceso privado de libertad al no contar con los elementos que acrediten que puede llevarlo fuera de un centro penitenciario.
El expresidente de la Barra Sonorense de Abogados y litigante Héctor Contreras se pronunció a favor de eliminar en México la prisión preventiva oficiosa, tras una sentencia determinada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Héctor Contreras dijo que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional porque va en contra de la presunción de inocencia y constituye una sanción anticipada hacia el imputado.
"Porque la persona aún no ha sido sentenciada y se está determinando su culpabilidad, recibir una sanción por adelantado me parece correcto según lo planteado por la Corte Interamericana".
Una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga a las autoridades mexicanas a eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa de su sistema de justicia, dado que México es parte del tratado.
El tema actualmente es analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.