Desde el inicio del proyecto de reubicación de las vías del tren en el Norte de Sonora, ha habido una notable falta de transparencia y reserva de información.
Anunciada a principios de 2023, la obra afecta un tramo de ferrocarril que se extiende desde Ímuris hasta Nogales, atravesando reservas ecológicas, ruinas históricas y mantos acuíferos cruciales para la región.
La inversión total se ha anunciado en 7 mil millones de pesos, pero hasta junio de 2024 se ha confirmado una inversión de 4 mil 800 millones, representando un 67% del monto prometido.
La obra completa será terminada en 2025, a decir de las autoridades.
La información sobre el proyecto ha estado reservada por el Gobierno del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
La inversión exacta, así como los contratos relacionados con la compra de viviendas y terrenos en el área del proyecto, han sido ocultados por un periodo de cinco años, con datos disponibles solo a través de solicitudes de transparencia, dijo el periodista Jesús Ibarra.
"La obra visiblemente y físicamente no va ni en el 50%, ahí hay un desfase que la autoridad tiene que aclarar, lo que se percibe es un atraso palpable que hará de esta obra transexenal y que con ello va a duplicar la inversión anunciada".
La SEDENA ha argumentado que las bitácoras de obra deben permanecer en la residencia del proyecto, negando el acceso a la documentación solicitada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
En cuanto al Gobierno de Sonora, la información sobre los contratos de compra de viviendas y terrenos en el trayecto del proyecto ha sido reservada por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano por un periodo de cinco años.
El activista ambiental Sergio Müller ha alertado sobre los daños ambientales que la obra ha causado, incluyendo la contaminación del aire, el daño al suelo por el uso de maquinaria, y la alteración de la geomorfología.
"No hay ninguna mitigación de paso de fauna para mitigar este daño y también falta gran cantidad de documentos internos que se hacen dentro de la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) y que no se han hecho públicos y que vale la pena darle una hojeada también".
La falta de transparencia ha llevado a que el proyecto sea apodado "Tren Fantasma".