El despojo de terrenos, inmuebles o casas en desuso, se ha vuelto una práctica recurrente en Sonora en la que intervienen "carteles inmobiliarios" que ofrecen un patrimonio con situación jurídica irregular, aseguró Héctor Contreras Pérez.
El Presidente de la Barra Sonorense de Abogados dijo que la mayoría de los inmuebles que son despojados pertenecen a personas que no viven en la ciudad, y grupos delincuenciales aprovechan, crean un modus operandi para la venta de propiedades, e involucran al gremio de notarios del Estado para avalar las transacciones ilegales.
"Son muchos los casos que se conocen y debo decirle que con motivo de esto se presentaron varias denuncias ante la Fiscalía del Estado de Sonora, lo que motivó a que se integrara una carpeta de investigación y que hasta donde entiendo esa carpeta se archivó o está resuelta sin llevar a cabo la investigación a fondo". dijo Héctor Contreras Pérez, presidente de la Barra Sonorense de Abogados
Ya se presentaron denuncias penales por estos hechos, señaló, y hasta el momento hay una carpeta de investigación pendiente por esclarecer en la Fiscalía del Estado.
Según denuncias en despachos jurídicos, funcionarios públicos del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (Icreson) han estado involucrados en los trámites inmobiliarios irregulares, que terminan por ser denunciados como despojos por los dueños originales una vez que se percatan de que su inmueble fue entregado en venta a otro particular, precisó Contreras Pérez.
"Y también se ha señalado a funcionarios del primer círculo de la actual administración que están involucrados en estos hechos, sin embargo, por razones que yo desconozco, la fiscalía no ha hecho su trabajo, no le ha dado debido curso a estas carpetas y entiendo que algunas ya fueron resueltas en forma ilegal".
En septiembre de 2019, la Fiscalía General de Justicia informó sobre la detención y vinculación a proceso de una banda dedicada a la defraudación en el ramo inmobiliario, que tenía enlaces con el Sureste del país.
Dicha banda operaba recorriendo la ciudad buscando predios con plusvalía, tomando fotos de éstos, para luego ubicar a sus dueños y robar su identidad, generando documentos apócrifos.
Luego solicitaban información al Registro Público de la Propiedad para obtener copias certificadas de escrituras públicas y recabar el certificado de libertad de gravamen, con el fin de venderlos e invitar a futuros clientes a visitar las propiedades.
Para concretar el fraude los imputados portaban identificaciones falsas de los propietarios reales, copias de los documentos y constancias de no adeudo de predial. Con esto invitaban a una Notaría a los clientes y vendían los predios.
Los sujetos fueron vinculados a proceso por usurpación de identidad, fraude, falsificación de documentos, falsedad de declaraciones ante Notario Público, despojo y asociación delictuosa. A todos se les dictó prisión preventiva.
En total afectaron a 10 familias con 5 operaciones fraudulentas. Los casos se perpetraron de noviembre de 2018 a julio de 2019, con un daño de 3 millones 545 mil pesos.