Sonora se encuentra en la lista de estados cuyos sistemas de salud son señalados por desviar cuatro mil millones de pesos por medio de facturas falsas de empresas "fantasma", según la investigación realizada por las organizaciones de la sociedad civil Impunidad Cero y Justicia Justa.
Mariana Ruiz, periodista que participó en la investigación, señaló que revisaron el gasto en el sector salud del periodo comprendido del año 2014 al 2018.
"Encontramos una red de corrupción que existe no solo a nivel federal, sino también en los estados de la República, incluyendo Sonora; en Sonora encontramos que se había hecho un desvió de 126 millones 871 mil pesos", dijo.
Explicó que, en el caso de Sonora, la entidad se ubica en el lugar número seis de los estados donde hubo mayor porcentaje de desvío de recursos públicos, donde se encontró la operación de 34 empresas "fantasma" en Issste, Isssteson, Secretaría de Salud y los Servicios de Salud.
"La verdad de estas tres instituciones es que quien se lleva la corona es el Issste de Sonora que tuvo el mayor monto por 64 millones 468 mil 893 pesos con empresas fantasma", indicó.
Agregó que en cuanto a los Servicios de Salud, el reporte indica un monto de 97 millones 843 mil 789 pesos, en tanto la Secretaría de Salud con un monto de un millón 400 mil pesos, de acuerdo con los resultados de la investigación.
Explicó que nivel nacional esta investigación llevó a la detección de cuatro mil 179 millones de pesos desviados, tanto por la federación como las entidades federativas, ello a través de poco más de 23 mil facturas falsas.
Impunidad Cero es una organización de la sociedad civil integrada por un grupo de investigadores especializados en el análisis en temas de impunidad.
Responde Contraloría
En septiembre de 2019 la Contraloría General del Estado, en conjunto con las áreas administrativas y financieras de las Dependencias y Entidades de la actual administración, que están a cargo de las contrataciones y pagos, iniciaron una revisión profunda de la totalidad de los contratos celebrados, para prevenir que en ninguno de ellos se presentaran casos de empresas facturadoras de operaciones simuladas, como parte del compromiso del actual gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas, informó la dependencia en un comunicado.
Derivado de esta revisión, se determinó que el actual Gobierno estatal no contrató ninguna empresa declarada en la categoría conocida como "EFOS", es decir, que estuviera incluida en el listado al que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación publicada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
No obstante, cuando se detectó que alguna empresa fue boletinada como "EFOS" en un momento posterior a su contratación con la actual administración, o en administraciones anteriores, estas fueron integradas en un listado que se actualiza periódicamente, que es de consulta obligatoria por las dependencias y entidades la administración pública, previniendo que sean consideradas para proveer bienes y servicios en lo sucesivo.
Además, la Contraloría estatal estableció un estricto protocolo de control interno, que deberá ser verificado por las dependencias que reciban el servicio o producto, cada vez que contraten y paguen, permitiendo confirmar que cualquier empresa proveedora cumpla puntualmente todos los requisitos a los que obliga el SAT y la regulación aplicable.
Es importante dejar en claro que se comprobó con evidencias documentales que todas y cada una de las empresas contratadas por la actual administración, cumplieron en tiempo y forma con la prestación de los bienes y servicios contratados.
Con respecto a la investigación realizada por la organización Impunidad Cero y Justicia Justa, la Secretaría de la Contraloría señala que ninguna de las empresas proveedoras de la actual administración se encontraba en el supuesto 69-B del Código Fiscal de la Federación al momento de su contratación.
Asimismo, el secretario de la Contraloría, Miguel Ángel Murillo Aispuro informó que adicionalmente, el pasado 21 de febrero se inició una segunda revisión de todas las contrataciones realizadas por la actual administración estatal, en coordinación con las Entidades y Dependencias, mismas que se realizarán cada seis meses a fin de garantizar que todos los contratos se realicen con la debida legalidad.
La actual administración estatal reafirma su compromiso con el ejercicio correcto de los recursos públicos, como lo corrobora la Auditoría Superior de la Federación con el primer lugar a nivel nacional, con prácticamente cero monto por aclarar en las cuentas públicas 2017 y 2018, además de que Sonora es líder en prácticamente todos los indicadores nacionales en materia de transparencia y rendición de cuentas.
