Un paquete de reformas constitucionales para que el Congreso del Estado tenga la facultad de emitir convocatorias para nombramientos y cambios en organismos como el Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI), Fiscalía General de Justicia (FGJE), Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y Sala Especializada en Materia Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas fueron aprobadas este jueves en sesión ordinaria.
La propuesta la hicieron los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo, Nueva Alianza y del Partido Verde Ecologista de México, así como la representación del Partido Encuentro Solidario.
En primer lugar se plantea que sea el Congreso del Estado y no el Ejecutivo Estatal el que emita la convocatoria para renovar los cargos de consejeros del Instituto Sonorense de Transparencia.
La diputada Ernestina Castro Valenzuela, coordinadora de Morena, dio lectura a la iniciativa.
"Aunado a ello, y en armonía con la Constitución General, el Ejecutivo del Estado podrá objetar el nombramiento de la o el ciudadano que designe el Congreso para la integración, de tal manera que se sigue optando por un modelo de coparticipación entre ambos poderes del Estado y el diálogo democrático impulsado por esta regla".
Señaló que el artículo 38 prevé que la duración del cargo no será mayor a siete años y se realizará de manera escalonada para garantizar el principio de autonomía. En el caso de Sonora el nombramiento de nuevo presidente tenía que haberse convocado desde diciembre de 2018 y fue hasta febrero de este año cuando el Ejecutivo emitió la convocatoria.
También se modificó la designación de fiscales especializados, es decir, ya no será la Fiscal General la que tenga la facultad de hacer estos nombramientos, sino el Congreso.
"Ello para el efecto de que el eventual nombramiento de las fiscalías especializadas pase por el proceso de auscultación necesario que garantice un ejercicio serio, honesto y responsable de esos cargos por parte de las personas designadas para desempeñarlos".
Para cambios constitucionales, se aprobó que la redacción quedara como estaba antes de los cambios en 2018, es decir, con dos terceras partes de los diputados y la mitad más uno de los ayuntamientos.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a voz del diputado Kiko Munro, se opuso a la aprobación de las reformas constitucionales y presentó reservas a los artículos establecidos durante la discusión de la iniciativa, sin embargo, ninguna de ellas fue aprobada por el resto de los diputados.
"¿Cuál es el interés de cambiar la constitución a vapor?, ¿Por qué hacen precisamente lo mismo de lo que se quejaron en la Reforma Constitucional de 2018?, ¿Por qué no consultar a los ciudadanos, a las instituciones involucradas, a especialistas, a organismos, a universidades?, ¿qué es lo que se busca ocultando reformas en el texto?".
La única modificación autorizada en el documento original fue la de la diputada Rosa Elena Trujillo, de Movimiento Ciudadano, en la fracción quinta del artículo segundo transitorio, en la que planteó que la designación de los Comisionados del Istai se realice 15 días hábiles después de aprobada esta ley, y que la temporalidad de estos sea de 7 años para el presidente, cinco para el primer comisionado y tres años para el segundo comisionado, así se garantiza la sustitución escalonada.