Tras sentencias, amparos y decretos presidenciales sigue lucha ABC

Son 13 años los que se conmemoran el próximo domingo 5 de junio del fatídico hecho en donde perdieron la vida 49 niñas y niños por el incendio ocurrido en la Guardería ABC, tiempo en que, a más de una década, no ha caducado la lucha por acceso a la justicia de las familias víctimas y menores lesionados.

A la fecha, los padres de los niños fallecidos y menores que estuvieron expuestos, reciben pensión vitalicia por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tras un decreto que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 12 de marzo de 2020 para que se brindara este apoyo integral que incluye atención médica de por vida y pensiones para padres y niñas y niños afectados, indicó Miguel Nava Nava Alvarado, abogado de 40 familias ABC.

"El estatus que guarda (el caso) en la materia de reparación integral del daño es que todos los juicios de amparo se han ganado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero desafortunadamente esta comisión desde su creación ha tenido tres comisionados y no quieren dar cumplimiento a todas las sentencias de amparo".

Las demandas de amparo fueron ganadas a favor de las personas, familiares víctimas de ABC, para que se corrija la cuantificación de la indemnización por concepto de reparación del daño y se garantice el beneficio a los menores.

Son 10 personas las que hasta el momento mantienen responsabilidad penal por los delitos de homicidio y lesiones culposas, sin derecho de beneficios sustitutivos de la pena, de un total de 22 que se sometieron a proceso, entre ellas, funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno, indicó el abogado de la agrupación Manos Unidas por Nuestros Niños, Gabriel Alvarado Serrano.

"Ha sido resuelto en definitiva en cuanto a las responsabilidades penales por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en ese proceso, de los 22, quedaron absueltos 12 personas por el delito de homicidio y lesiones; y quedaron como penalmente responsables 10, que también están distribuidos en los tres órdenes de gobierno".

Recordó que existen todavía tres líneas de investigación que da seguimiento la Fiscalía General de la República (FGR).

La primera carpeta de averiguación sigue la línea de delitos cometidos en contra de la procuración de justicia por alteración de la escena del crimen; la segunda, plantea la hipótesis de la posible intencionalidad del siniestro, que señala como posible autor intelectual a quien se desempeñaba como secretario técnico de la oficina del Ejecutivo; y, la tercera, por presunto desvío de la información y evidencia por parte de personal de la Fiscalía.

Detalló que de la lista de 22 inculpados, a tres empleadas de la Guardería se les concedió libertad bajo responsabilidades que no ameritan cárcel, 19 interpusieron recurso de amparos que apelaban a la sentencia emitida por un juez en 2016 que iba de los 20 a 29 años de prisión, y a 10 de ellos se les rectificó su culpabilidad de manera definitiva en mayo de 2021 con sentencias que oscilan entre los ocho y 14 años de cárcel.

Queda pendiente, dijo, la resolución penal para la investigación de alteración de la escena del crimen, misma que podría tardar varios años más.